Ayuntamiento y Gobierno central pactan licitar este año los proyectos para instalar espigones en Marbella También se licitará una declaración de impacto medioambiental para el tramo de litoral entre La Bajadilla y NagüelesTambién se licitará una declaración de impacto medioambiental para el tramo de litoral entre La Bajadilla y Nagüeles

De izqda a drcha Javier Porcuna (PSOE); Ángeles Muñoz (PP); Miguel Díaz (IU); Kata Núñez (Podemos) y Rafael Piña (OSP). FOTO/ Ayto de Marbella

De izqda a drcha Javier Porcuna (PSOE); Ángeles Muñoz (PP); Miguel Díaz (IU); Kata Núñez (Podemos) y Rafael Piña (OSP). FOTO/ Ayto de Marbella

El grupo de portavoces de los cinco partidos políticos con representación en el Ayuntamiento de Marbella  y el Ministerio de Medio Ambiente han alcanzado este jueves un acuerdo para licitar este año los proyectos constructivos para estabilizar el litoral de San Pedro y el tramo de costa comprendido entre las playas de La Bajadilla y Nagüeles, según ha señalado el Consistorio.

También se licitará una declaración de impacto medioambiental para el tramo de litoral entre La Bajadilla y Nagüeles, según ha señalado el Ayuntamiento en un comunicado de prensa.

El acuerdo recoge además sacar a concurso público la licitación de las obras en 2018 para que comiencen a ejecutarse a mediados de ese año.

El Ministerio de Medio Ambiente, según el comunicado, ha apoyado la elaboración de los estudios hidrodinámicos y los proyectos que de ellos se deriven para el litoral de Las Chapas, que alberga valiosos arenales y un cordón dunar protegidos mediante las figuras de Monumento Natural y Reserva Ecológica.

En el encuentro “se ha planteado la posibilidad de separar actuaciones puntuales, como la ejecución de un espigón circular en la playa de La Bajadilla, para que puedan acometerse con más agilidad”, ha señalado el concejal de Sostenibilidad, Miguel Díaz, uno de los integrantes de la delegación local.

Por otra parte, los servicios jurídicos del Ministerio estudiarán la viabilidad del convenio económico propuesto por los representantes de los grupos municipales para financiar las obras, a través del cual el Ayuntamiento adelanta los once millones de euros que cuesta la primera fase de las actuaciones, según calcula el Gobierno central. La cuantía procedería de los superávit que el equipo de gobierno prevé lograr en los próximos años.

El Ministerio debería reembolsar la cuantía en el futuro, para lo cual el Ayuntamiento le ofrece “La máxima flexibilidad posible”, como pagar una tasa fija cada año, compensarlo con el canon que el Gobierno central cobra al Consistorio por el uso de las playas o “mediante otra fórmula que crea conveniente”, señala el convenio, aprobado por unanimidad en pleno y que cuenta con la aprobación del Interventor municipal.

El Ayuntamiento sólo podría actuar una vez que el Ministerio de Medio Ambiente aceptara la propuesta, ya que, de lo contrario, el Consistorio asumiría competencias ajenas e infringiría la Ley de Estabilidad Presupuestaria, aprobada por el Gobierno central.

El convenio económico que los representantes municipales han elevado al Ministerio es similar al que el Ayuntamiento y Junta de Andalucía alcanzaron para construir un centro de salud en San Pedro, valorado en cuatro millones de euros.

El pacto para retomar la instalación de los diques para estabilizar las playas del litoral se ha alcanzado en la reunión que la directora general de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, Raquel Orts, y el grupo de portavoces municipales han mantenido este jueves en el Ministerio.

La delegación local ha estado formada, además del concejal de Sostenibilidad, por Miguel Díaz, de IU, por el portavoz municipal y edil del PSOE, Javier Porcuna; la concejalA del PP, exregidora y senadora, Ángeles Muñoz, que cerró la cita con Orts; José Carlos Núñez, de Costa del Sol Sí Puede, la marca de Podemos en Marbella; y Rafael Piña, de Opción Sampedreña.

La reunión estaba prevista para el pasado jueves, pero Orts solicitó aplazarla una semana. El equipo de gobierno aprovechó el retraso de la cita para incluir en la propuesta una “colaboración competencial” que habilite al Ayuntamiento acometer unas obras que corresponden al Gobierno central.

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