El portavoz del equipo de gobierno de Marbella, Félix Romero, ha señalado este lunes que el único interés del Ayuntamiento es que el que fuera asesor de Urbanismo con el gobierno del GIL y principal condenado por el caso ‘Malaya’, contra la corrupción en la localidad, Juan Antonio Roca, a quien el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional ha concedido el tercer grado tras más de once años en prisión, “resarza” la deuda que tiene con el Consistorio.
A preguntas de los periodistas, Romero ha indicado que “tenemos mucho interés en que la deuda que los tribunales ya han reconocido que se tiene con el Ayuntamiento se liquide de la forma más rápida posible y no se frustre bajo ningún concepto”.
Según el portavoz municipal, Roca “ni ha resarcido en su totalidad a Marbella ni suficientemente”, pero ha recordado que los procedimientos judiciales que afectan al principal condenado en el caso ‘Malaya’ cuentan con “cantidades económicas y bienes trabados con embargos”.
“Sabíamos que resarcir a Marbella ni es fácil ni inmediato y aún estamos en disposición de hacer efectivos estos embargos, en los que hay una maraña de procedimientos, una Administración central que también quiere cobrar y toda una suerte de complicaciones”, ha señalado.
Romero ha reiterado que la “finalidad” del Ayuntamiento es “dar la batalla mientras haya un bien embargado o un euro por cobrar”, apuntando que el Consistorio tiene “un interés genérico en que se cumpla la justicia con todo el mundo”. A partir de ahí, ha agregado, “no tenemos ningún interés especial en que nadie esté privado de libertad”.
El portavoz ha asegurado que la representación legal del Ayuntamiento estudiará los “planteamientos que puedan surgir de un tribunal” para adoptar las medidas legales pertinentes en función “de la finalidad del Consistorio y que no es otra que revertir el mayor número de fondos” a las arcas municipales.
Voluntario en Cáritas
El juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional acordó la progresión a tercer grado de Roca, “en la modalidad del artículo 86 TL”, el cual recoge que las salidas deberán ser reguladas por la Junta de Tratamiento y que en su apartado cuarto señala que a los internos se le podrá poner el control fuera del centro de inserción social mediante dispositivos telemáticos, que él deberá aceptar.
En este sentido, el auto del magistrado, al que ha tenido acceso Europa Press, indica que el interno va a compatibilizar la labor profesional con la de voluntariado, en concreto en el Centro Nuestra Señora de la Merced, lo que permitirá “continuar la actividad tratamental del interno”.
El juez considera que con esto Roca “ha dado un paso más”, ya que “de forma voluntaria y sin retribución alguna se ha ofrecido a colaborar” con dicha ONG.
Desde Cárita han indicado a Europa Press que “se procederá con la misma normalidad como con cualquier voluntario porque es una persona más que viene a colaborar”, además de que hay otras personas en tercer grado que colaboran con dicho centro, que lleva funcionando muchos años.
El centro se encarga de ayuda a la reinserción de internos y exreclusos, a los que se les asesora de aspectos como formación, búsqueda de empleo y ampliación de habilidades sociales, entre otros.
Para la concesión de ese régimen de semilibertad, el magistrado ha tenido en cuenta varios factores, como que tiene un actividad positiva para abonar las responsabilidades económicas a las que ha sido condenado, a través de la venta de bienes; además de que la conducta penitenciaria es “excelente”, participando en la comisión de Ayuda Legal del módulo de Respecto, entre otras.
Ha tenido ocho permisos y más de 24 salidas de autogobierno, “todos ellos sin incidencia negativa alguna”, señala el magistrado en un auto, apuntando que, además, Roca ha aportado una oferta laboral y ha asumido la responsabilidad de sus actos.