El presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, junto a la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, este domingo durante un acto en Marbella. FOTO/ PP
El presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, ha advertido este domingo de que “el problema de la okupación debe ser tenido muy en cuenta en destinos turísticos de primer nivel como Marbella”, alertando de que “la falta de seguridad jurídica puede generar un daño reputacional que repercuta no sólo en este municipio, sino en el conjunto de la Costa del Sol”.
“En lugares como el que estamos hoy, en Marbella, que son escapare de la excelencia turística de toda la provincia, el problema de la okupación tiene otra dimensión”, ha agregado Bendodo, junto a la senadora y alcaldesa del municipio, Ángeles Muñoz, en acto enmarcado en la campaña de recogida de firmas para impulsar el Plan Antiokupación del PP, insistiendo en que “si no somos capaces de articular una seguridad jurídica sobre esta cuestión, el daño reputacional que puede sufrir un destino turístico como esté será muy grave”.
“Imaginad qué debe pensar un inversor, un ciudadano de otras comunidad que quiera comprase una vivienda, si está pensando en invertir aquí y ve el poco respeto que tiene un vicepresidente del Gobierno por la propiedad privada”, ha señalado, al tiempo que ha calificado de “insultante” que el PSOE, que gobierna España, “mire hacia otro lado porque su socio de gobierno está impulsando la okupación ilegal de viviendas en España y encima lo aplaude el vicepresidente, Pablo Iglesias”.
“Lo que hace el PSOE de Pedro Sánchez es mirar hacia otro lado mientras Podemos alienta e impulsa la okupación en todo el territorio español”, ha criticado.
También Bendodo ha insistido en que la okupación “es una injusticia, se mire por donde se mire, y nadie sale beneficiado”, alegando que “supone un ataque injustificado a la propiedad privada, uno de los elementos fundamentales de nuestro sistema de libertades, generando además un enorme perjuicio no sólo al propietario, sino también a su entorno y a los vecinos”.
Así, ha recordado que desde el PP llevan semanas inmersos en una campaña de recogida de firmas y ha adelantado que “el éxito está siendo abrumador”, ya que, ha dicho, “la inmensa mayoría de los españoles está con el sentido común”.
El plan propuesto por el Partido Popular plantea el desalojo de los okupas en un máximo de 12 horas, penas de prisión de uno a tres años, no permite el empadronamiento de okupas y sí que las comunidades adopten medidas legales y que las personas jurídicas también puedan iniciar procesos de desalojo, ha explicado.
“Estas son las medidas que proponemos desde el PP, que son de muy fácil aplicación y conseguiríamos resolver un problema de importantes dimensiones que se está acrecentando”, ha defendido.
En este sentido, el dirigente ‘popular’ ha señalado que “la okupación es una injusticia de la que nadie sale beneficiado”. También ha manifestado que “la okupación no es la solución ni siquiera para el okupa, que puede estar siendo víctima de una mafia y que tampoco consigue ningún tipo de seguridad jurídica al vulnerar la ley”.
Bendodo ha dicho que “la solución no pasa, ni mucho menos, por legitimar este tipo de delitos para acceder a una vivienda si no por una política social de vivienda que atienda a quien de verdad lo necesita”, ha insistido el dirigente ‘popular’, que ha reprochado al Ejecutivo de PSOE y Podemos que “no haya hecho nada al respecto, lo que contrasta con la gestión del PP en las administraciones en las que gobierna”.
Así, Bendodo ha recordado que el Gobierno andaluz “ya ha llevado a cabo dos convocatorias en materia de vivienda que van a permitir la construcción de 2.064 nuevos inmuebles destinados a alquileres asequibles en toda Andalucía, 500 de ellos en la provincia de Málaga”.
De igual modo, ha resaltado que “esta es la manera de conseguir que las personas que están en una situación más vulnerable puedan tener acceso a una vivienda”. “Ese es el compromiso del Partido Popular: luchar contra la injusticia que supone la okupación y contra el ataque injustificable contra la propiedad privada pero sin obviar el problema social que hay de fondo”. Para ello, ha añadido, “impulsamos políticas de vivienda para evitar que los que más lo necesitan tengan que recurrir a esta opción”.
