Han transcurrido casi cuatro meses desde las elecciones municipales en Marbella, ganadas con mayoría absoluta por la alcaldesa, Ángeles Muñoz, y el caso de la llamada ‘trama sueca’, que obtuvo contratos municipales por más de 700.000 euros parecía olvidado. Ahora todos los expedientes podrán ver la luz y ser fiscalizados por el PSOE.
El exalcalde Pepe Bernal ha asegurado este viernes que su grupo municipal va a poder acceder –tras muchos meses de trabas del equipo de gobierno del PP– a todos los expedientes de obras contratadas por Construcciones Codecosol S.L., la empresa en la que Nils Fisher (ciudadano sueco procesado en la Audiencia Nacional por blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico) es considerado testaferro de Joakim Broberg, hijastro de la regidora marbellí y también procesado por los siguientes delitos: narcotráfico, blanqueo y organización criminal.
Durante una comparecencia ante los periodistas para tratar asuntos en materia de educación, acompañado del parlamentario por Málaga José Luis Ruiz Espejo y la diputada provincial Patricia Alba, el concejal opositor –a preguntas de Marbella Confidencial– ha expuesto lo siguiente: “parecer ser que vamos a poder acceder a esta documentación, así que cuando la tengamos, la analizaremos, haremos el seguimiento oportuno y si encontramos alguna irregularidad, que al menos la intuimos inicialmente, al no entender por qué el Ayuntamiento no prestaba esa información, la vamos a trasladar a las instancias judiciales pertinentes”, ha anunciado Bernal.
A la espera de los datos que ofrezca Isabel Pérez, portavoz municipal del PSOE y diputada en el Congreso
El exprimer edil marbellí (2015-2017) ha querido aclarar que quien conoce a fondo todo el seguimiento de los contratos requeridos es la actual portavoz municipal del PSOE y diputada en el Congreso por Málaga, Isabel Pérez, que no estaba presente en la comparecencia mediática. La edil ofrecerá en los próximos días todos los detalles relacionados con los contratos municipales de la ‘trama sueca’.
Cabe recordar que, ante la negativa del equipo de gobierno municipal del PP a entregar dichos contratos al principal grupo de la oposición, desde muchos meses antes de los últimos comicios locales, Bernal y los suyos optaron por la vía judicial, concretamente en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo en Málaga: “el propio juzgado obligó a que la documentación nos la trasladaran”, ha enfatizado el también ‘número 2’ del PSOE de Málaga, como secretario de Organización que es.
“El Ayuntamiento puso todas las trabas judiciales posibles para que se retrasara esa entrega y no me cabe duda alguna de que en breve periodo de tiempo vamos a poder acceder a esa documentación”, ha proseguido Bernal. El acceso a los expedientes, al menos siete contratos (cinco de Codecosol S.L. y otros dos de sociedades vinculadas a Fisher y un sobrino de la alcaldesa) “se hará no solamente porque lo diga un juez, sino porque la documentación debe de ser pública”.
Cuando llegue tal ocasión, el grupo municipal socialista difundirá, a través de los medios de comunicación, todas las contrataciones vinculadas a las citadas personas, relacionadas a su vez con la alcaldesa y familiares de ésta.El fiscal jefe de Marbella sólo investigó el 10% de los fondos públicos que recibió la trama sueca.
El portavoz municipal del PP, Félix Romero, llegó a anunciar la contratación municipal de una empresa privada para poder agilizar la búsqueda de los contratos solicitados por el PSOE. Nunca ha revelado el nombre de dicha mercantil, a pesar de las preguntas periodísticas reiteradas en ruedas de prensa celebradas en los últimos meses.
El fiscal jefe de Marbella sólo investigó el 10% de los fondos públicos que recibió la ‘trama sueca’
Se da la circunstancia de que el fiscal jefe de la ciudad, Julio Martínez Carazo, sólo investigó el 10% de los fondos públicos que recibió la trama sueca. Esto es así porque cuando el PSOE le trasladó su denuncia sólo disponía de un contrato menor, por importe de 60.000 euros.
Carazo archivó las diligencias de investigación penal, al no encontrar indicios de delito. Ahora los socialistas pretenden que el resto de contratos sean investigados por alguna autoridad judicial, después de que el juez instructor de la Audiencia Nacional haya rechazado tres informes de la UDEF,unidad policial que pretendía que se abriera una pieza separada para investigar posibles delitos relacionados con presunta corrupción municipal.
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