El cerebro del ‘caso Malaya’, Juan Antonio Roca, dando sus primeros pasos en libertad tras abandonar la prisión de Alhaurín de la Torre. FOTO/ DANIEL PÉREZ
Cuando se cumplen once años de las primeras detenciones por la entonces presunta corrupción en Marbella, el procedimiento judicial, que provocó la disolución del Ayuntamiento, se encuentra en su última fase, la de ejecución de la sentencia que condenó a más de 40 personas, trámite que incluye la recuperación de la mayor cantidad posible de dinero.
La operación policial comenzó el 29 de marzo de 2006 en una primera fase, a la que sucedieron otras dos, llegando en total a más de 100 detenidos, entre ellos el exasesor de Urbanismo y principal condenado, Juan Antonio Roca; la exalcaldesa Marisol Yagüe y la que fuera primer teniente de alcalde y exedil socialista, Isabel García Marcos.
Fueron 95 acusados los que llegaron al juicio que comenzó el 27 de septiembre de 2010. En la sentencia, dictada en octubre de 2013 por la Audiencia de Málaga y confirmada en julio de 2015 por el Tribunal Supremo, se condenó a más de 40 personas, a las que se les impusieron penas de prisión y multas millonarias en muchos casos, como el de Roca, que superó los 200 millones de euros.
Tras la instrucción, el juicio y los recursos ante el Tribunal Supremo, el caso ‘Malaya’ pasó en enero del pasado año 2016 a la siguiente fase, la de ejecución de la sentencia, mediante un auto en el que se acordaba el cumplimiento de la prisión de una veintena de condenados con penas superiores a los dos años de cárcel. La mayoría ingresó el 22 de dicho mes, al cumplirse el plazo dado.
La dificultad para ejecutar la sentencia
Desde el Tribunal y la Fiscalía siempre han sostenido la “dificultad” que conlleva estos trámites de ejecución de sentencia, más en este caso; pero también han considerado una “prioridad” recuperar la mayor cantidad de dinero posible, para lo que se ha encomendado a los investigadores iniciales de ‘Malaya’ que localicen patrimonio de los condenados.
Además, en el caso de los condenados a menos de dos años de prisión, la Sala, tras estudiar caso por caso, ha acordado ya la sustitución de esa pena privativa de libertad por el pago de una multa respecto de una decena de acusados, apuntando en dichas resoluciones, a las que tuvo acceso Europa Press, que esto obliga al condenado a “hacer un esfuerzo económico real”.
“Así, hay casos en los que el condenado entrega su vivienda familiar, vehículos, dinero intervenido, trastero, plazas de garajes y se compromete a abonar mensualmente una cantidad –a modo de hipoteca– hasta el pago íntegro de la multa impuesta”, dice el Tribunal, que marca en cada caso un calendario adecuado a cada circunstancia.
La regulación sobre la suspensión de la pena
En esos autos, se analiza la regulación sobre la suspensión de la pena y las condiciones que se requieren y se incide en la importancia de la reparación del daño o la indemnización del perjuicio causado para acceder a esa “suspensión sustitutoria”, indicando que ese “esfuerzo” será “proporcionado a sus ingresos, perdiendo sus bienes inmuebles, muebles y dinero que posea en cantidad suficiente para cubrir el pago de la multa”.
En esas resoluciones, el Tribunal ha venido señalando que el primer hecho objetivo del que parte es la gravedad de los hechos del caso ‘Malaya’, que reflejó “un ámbito generalizado de corrupción municipal”, hasta el punto de disolverse el Consistorio, y que supuso un “gravísimo perjuicio para las arcas del Ayuntamiento de Marbella que resultaron esquilmadas, generando para sus habitantes un endeudamiento millonario al que ahora deben hacer frente”.
Web de bienes de Roca a la venta
En el caso de Roca, condenado a 17 años de prisión y el pago de casi 250 millones de euros de multa, la Sala, de forma pionera, puso en marcha en febrero de 2016 la web www.ventadebienesmalaya-roca.com, en la que se muestran los bienes que le fueron embargados con el fin de darles difusión y poder subastarlos, siempre dentro de un proceso transparente. La página se inició con bienes muebles e inmuebles tasados en más de 75,2 millones de euros.
A principios de 2017 ya se habían vendido bienes inmuebles por valor de unos 4,5 millones de euros y bienes muebles por casi medio millón de euros, según los datos facilitados por la Sala que ejecuta la sentencia. Además, desde su puesta en marcha, sobre todo desde su presentación pública en abril del pasado año, la web ha ido creciendo en número de visitas, hasta más de 2,6 millones; además de que ha incorporado objetos de otros condenados.
Los bienes inmuebles recogidos inicialmente embargados a Roca estaban tasados en total en 71,5 millones de euros y van desde viviendas hasta hoteles, pasando por locales comerciales, fincas y atraques. En cuanto a otros bienes, suman 3,7 millones de euros y son obras de arte, armas, carruajes, guarniciones y látigos, relojes y vinos.
Ya se han vendido dos pisos, una finca, obras de arte, relojes, guarniciones, armas, carruajes, muebles, un autobús de época y se han incorporado los trofeos de caza que fueron declarados lícitos por el Seprona de la Guardia Civil.
