Imagen de archivo de los Juzgados de Marbella. FOTO/ MC
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha registrado una comunicación de riesgo ante el Comité de Seguridad y Salud de la Delegación territorial de Justicia en Málaga por lo que califica como “graves incumplimientos” en materia de seguridad detectados en la sede judicial de la Avenida Mayorazgo de Marbella. Se trata del vetusto edificio que alberga los Juzgados de Instrucción, Fiscalía y el Instituto de Medicina Legal.
Dicho sindicato denuncia que este inmueble carece de los medios preventivos necesarios en caso de incendio, así como de “medidas que garanticen la seguridad y movilidad para personas con discapacidad funcional” establecida en la normativa.
Como recoge el escrito, que también se ha dirigido a la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales (PRL) de la Delegación territorial de Justicia, “los dos ascensores del edificio presentan continuos problemas de funcionamiento”.
De hecho, concreta CSIF, uno de los elevadores “lleva averiado desde hace meses, mientras que el otro se queda constantemente bloqueado, por lo que se requiere de forma frecuente la intervención del cuerpo de Bomberos de Marbella”.
Fue el pasado viernes 17 de noviembre cuando los bomberos tuvieron que intervenir para “evacuar a agentes del Cuerpo Nacional de Policía, que se encontraban trasladando a detenidos a los Juzgados de Instrucción”, precisan sobre las personas afectadas por estas percances.
CSIF alerta del “tremendo riesgo” que supone esta situación en caso de un eventual incendio, especialmente para las personas con movilidad reducida, y señala que “son numerosos los incidentes ya registrados donde los propios funcionarios han intervenido para auxiliar a ciudadanos y policías que se han quedado atrapados en este ascensor”, inciden en la nota de prensa.
Cabe mencionar que este edificio, de cinco plantas de altura, carece de escalera antiincendios, por lo que en, caso de producirse un siniestro de tales características, “tanto los trabajadores como los usuarios del mismo se encontrarían expuestos a un grave riesgo para su seguridad”.
La central sindical señala que estas dependencias “llegan a albergar más de 250 personas en hora punta“, quienes ante una situación de peligro extremo, como la descrita, sólo podrían evacuar el edificio “por la única escalera” que existe en el mismo.
A todo lo anteriormente descrito se suman los “constantes cortes de electricidad” en el edificio por subidas de tensión, que a su vez comportan un grave riesgo de incendio, ya que –acotan los sindicalistas– “el cuadro eléctrico está ubicado en uno de los archivos, cerrado, atestado de cajas con expedientes y sin extintor”.
Desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios aseguran llevar “años requiriendo la actualización del Plan de Autoprotección de esta sede judicial”, así como que se adopten medidas preventivas urgentes, “aunque la administración sigue sin aportar los informes de esta situación por parte de los técnicos de PRL de la Junta de Andalucía”, lamentan.
En su comunicación de riesgos CSIF también señala que este edificio, “por su singular construcción en forma cilíndrica”, tiene dos huecos en los laterales de los ascensores a los que se puede acceder desde algunos despachos sin ningún tipo de barrera que prevenga de posibles caídas.
Conductos que se convertirían en “avivadores del fuego”
Precisamente, añaden, los citados conductos junto a los ascensores “se comportarían como avivadores del fuego” ante un eventual incendio, ya que –advierten– “aunque se cerraran las puertas que seccionan las estancias ninguna de ellas cumple con la normativa antiincendios, siendo meras puertas de chapón que compartimentan las estancias sin ningún tipo de seguridad”.
Estas “irregularidades en materia de Prevención de Riesgos Laborales” han sido comunicadas a la Administración en “reiteradas ocasiones” por parte de CSIF, sindicato que recuerda, además, el informe emitido por “la empresa externa” (cuyo nombre no concretan), en octubre del año pasado. El documento recoge esta situación en su “Evaluación de Riesgos y Planificación de la Actividad Preventiva”, sin que hasta el momento se haya adoptado “ninguna medida” de las indicadas.
Por todo ello CSIF ha vuelto a requerir medidas urgentes a través del Comité de Seguridad y Salud de la Delegación territorial de Justicia, al tiempo que ha denunciado que la falta de actuaciones por parte de la Administración supone “exponer a los trabajadores y trabajadoras” de estos juzgados a “graves riesgos” para su seguridad y salud, “así como para la ciudadanía” que acude diariamente a estas dependencias.
