Declaran prescritos delitos del caso en el que se acusaba a Yagüe por concesión de un vivero

La exalcaldesa de Marbella Marisol Yagüe declarando durante el juicio por el 'caso Malaya, por el que cumple actualmente condena. FOTO/ EP

La exalcaldesa de Marbella Marisol Yagüe declarando durante el juicio por el ‘caso Malaya, por el que cumple actualmente condena. FOTO/ EP

La Audiencia de Málaga ha declarado la prescripción de los delitos objeto de una causa en la que estaba acusada la exalcaldesa del municipio malagueño de Marbella Marisol Yagüe y otra persona en relación con presuntas irregularidades en una concesión a una empresa para la explotación de un vivero.

La Sección Novena comenzó la pasada semana la vista oral y las defensas plantearon como cuestión previa la prescripción de los delitos, a lo que las acusaciones se opusieron, según han indicado fuentes judiciales, quienes han indicado que ahora al aceptarse dichas alegaciones, no continuará el juicio, que estaba previsto para el próximo lunes.

En esta causa se investigaba un primer contrato administrativo entre la empresa del acusado y el Ayuntamiento de Marbella que se firmó en 2002 por el entonces alcalde Julián Muñoz y en ese documento se acordaba la concesión de uso de una parcela municipal de 14.700 metros cuadrados para su explotación como vivero.

Dicha concesión, adjudicada en comisión de gobierno, no se materializó porque existía una concesión previa sobre la misma parcela a favor de otra mercantil.

Asimismo, se investigaba un segundo convenio de concesión, de marzo de 2004, que llevaron a cabo Yagüe, ya como alcaldesa, y el otro acusado, por el cual se permutaba la concesión adjudicada por una nueva en otra parcela, supuestamente prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido.

Ahora, la Sala señala que desde que se inició el procedimiento en noviembre de 2012 hasta el 23 de septiembre de 2014 no se practicaron diligencias, “no haciéndose nada en absoluto”, por lo que entienden que “en realidad el procedimiento se inició casi dos años después”, cuando “se acordó que se practicaran las diligencias anunciadas y no ejecutadas”.

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