Imagen del Pleno de la Diputación. FOTO/EP
La Diputación de Málaga ha acordado por unanimidad pedir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que consensúe con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) una modificación de la regla que determina el techo de gasto de la administración local para atender la reivindicación de las corporaciones locales.
La moción, presentada inicialmente por el PSOE, se ha aprobado tras el acuerdo para incluir una enmienda al texto por parte del equipo de gobierno del PP, contando con el visto bueno del resto de fuerzas políticas de la institución (Ciudadanos, IU-Para la Gente y Málaga Ahora). Asimismo, han manifestado su oposición a la regla de gasto tal y como está regulada actualmente para todos los ayuntamientos y diputaciones.
El portavoz del PSOE en la Diputación, Francisco Conejo, sostiene en la moción que la regla de gasto obliga a determinadas administraciones a “no poder gastar todo o parte del remanente de tesorería y a tener el dinero guardado en el banco o a quitar deuda por la que se está pagando muy bajos intereses”, añadiendo que actualmente más del 80 por ciento de los ayuntamientos tienen superávit.
Petición a través de la FEMP
La portavoz ‘popular’, Francisca Caracuel, ya indicó antes del pleno que pedirán a través de la FEMP que el Gobierno central modifique esta regla de manera que “se haga sobre los presupuestos iniciales y no los definitivos”, lo que daría “más margen”. No obstante, recalcó que eran medidas impuestas por la Unión Europea “y adoptadas en un momento muy crítico pero que no tienen por qué ser inamovibles”.
En la sesión de este mes de octubre también se ha aprobado, con el apoyo del PP y la abstención de Ciudadanos, una modificación presupuestaria de 11,3 millones de euros, de los que 3,7 millones irán al pago de forma anticipada de parte de la deuda que mantiene la institución. Caracuel ha defendido la necesidad de ir reduciendo dicha deuda, de 221 millones en 2011 y de unos 40 millones en la actualidad; y ha insistido en que los bancos “no son nuestros amigos”, reprochando a PSOE e IU que eran “clientes ideales” de las entidades financieras.
Ambas formaciones de izquierda se han mostrado contrarias a una amortización anticipada de la deuda, incidiendo en que esa cantidad debería destinarse a necesidades de los municipios más pequeños y a familias con dificultades. En este sentido, han demandado un incremento del Fondo de Liquidez y del Plan de Asistencia y Cooperación.
Debate sobre una moción del PSOE
Asimismo, se ha debatido una moción socialista sobre el reparto de ayudas discrecionales durante 2016, que ha contado con 14 votos a favor y 16 en contra. La portavoz de Málaga Ahora, Rosa Galindo, ha sostenido que están en “total desacuerdo” con que se beneficie “a unos pocos ayuntamientos” mientras que el de Ciudadanos, Gonzalo Sichar, ha criticado la “diferente vara de medir” del PSOE y ha tachado de “inaceptable” que “plantee el rechazo a todas las ayudas a los municipios. Muchos de sus alcaldes le censurarán”.
El vicepresidente de la Diputación, Francisco Salado, ha considerado el discurso de los socialistas “cansino, reiterativo y cargado de demagogia”. En este punto, ha lamentado, al igual que Sichar, que Conejo “pida que se dediquen 300.000 euros a tres federaciones de peñas y no quiera ayudas directas a municipios”.
“Tiene que tener un mismo discurso”, ha dicho Salado al portavoz del PSOE, y ha enumerado algunas ayudas directas a municipios gobernados por los socialistas como Archidona, Almogía, Carratraca, Alpandeire o Almáchar, entre otros: “tiene un discurso falso y demagógico”.
A pesar del debate generado en diversas proposiciones, el pleno de la Diputación ha estado marcado este miércoles por el consenso y el diálogo, tal y como han remarcado durante la sesión varios diputados y el propio presidente de la institución, Elías Bendodo, quien ha ironizado con el “espíritu de Ferraz”, en referencia al acuerdo del Comité Federal del PSOE para abstenerse en segunda votación en la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno.
Urgencias Chare Guadalhorce
La Diputación de Málaga ha aprobado también por unanimidad una moción del PP, a la que se ha presentado una enmienda, para la apertura inmediata de las urgencias del Centro Hospitalario de Alta Resolución de Especialidades (Chare) del Guadalhorce.
El equipo de gobierno ‘popular’ recordó el compromiso de la Junta de Andalucía de abrir este mes dicho servicio, así como el laboratorio y la farmacia. En la comarca del Guadalhorce hay más de 120.000 urgencias anuales, que suponen el 30 por ciento del total de las atendidas en el Hospital Clínico de Málaga.
La enmienda del PSOE incluye instar a Endesa a que “agilice al máximo la instalación de la línea eléctrica” para garantizar que el hospital se ponga en marcha, especialmente los quirófanos. Además de que la compañía garantice el suministro, evitando los cortes que se están produciendo en estos meses.
IU llevaba también una moción de apoyo a los empleados afectados por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en Extel, que ha sido aprobada; al igual que la de Málaga Ahora sobre la dignificación y respeto de los derechos humanos de migrantes y refugiados que llegan a Málaga.
Se ha acordado también apoyar parte de la propuesta de esta formación sobre penalizaciones a empresas que no cumplen contratos o acceso al comedor de trabajadores externos, pero no ha salido adelante “dignificar la situación de empleados de empresas externalizadas de la Diputación”.
Otras mociones aprobadas han sido la del PP de que la Junta reformule el Plan Pista, que se limpien los cauces de manera urgente y las de Ciudadanos de sustituir la flota de vehículos de la institución por híbridos e instar a la Junta a que lleve a cabo medidas correctoras en el funcionamiento de las depuradoras de Colmenar y Cuevas del Becerro.
La moción de Ciudadanos sobre las plazas de bombero y las “poco exigentes” pruebas físicas se ha enmendado, de manera que se ha acordado, por unanimidad, impulsar medidas para dar estabilidad a la plantilla del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) y, para evitar interinidades del personal existente, respetando la legalidad vigente.
Así, según el texto, el organismo “articulará los procedimientos que permitan aprobar la oferta de empleo público y las bases generales para lograr la estabilidad y garantizar la eficacia del servicio, procediéndose, en su caso, a las modificaciones normativas y garantizar la viabilidad legal del procedimiento selectivo”. Para ello, se impulsarán reuniones con representantes de los trabajadores, Junta de Andalucía y Gobierno Central, para acordar la adecuación y modificación de los estatutos del CPB.
El Caminito del Rey también objeto de debate
El Caminito del Rey también ha sido objeto de debate. Uno de los puntos del orden del día incluía la aprobación del porcentaje de gasto plurianual para 2017 de las obras de construcción de los aparcamientos y del centro de recepción de visitantes, sin embargo, se ha polemizado sobre la falta de consenso y el modelo de gestión del mismo.
Los portavoces de IU-Para la Gente y PSOE han lamentado la externalización de la gestión y, aunque se han mostrado a favor de los aparcamientos y del centro de recepción de visitantes, han criticado la forma de actuar del equipo de gobierno. “Viene a pleno cuando ya está todo en marcha; no se debe gobernar por decreto, no se llevó a comisión”, ha lamentado Ahumada.
En los mismos términos, Conejo ha demandado que todas las actuaciones respecto a este espacio sean por consenso, lamentando la “maraña administrativa” existente. Para la diputada del PP Marina Bravo, se ha llevado a pleno “simplemente cambiar la plurianualidad”; mientras que Bendodo ha pedido “trabajar más juntos y más dialogo si cabe” con el Caminito del Rey.
