El presidente de la Diputación de Málaga, Elías Bendodo, en el centro de control de la institución. FOTO/ EP
La Diputación de Málaga garantiza la atención psicológica a mujeres e hijos víctimas de violencia de género de la provincia tras la renovación del Servicio de Atención Psicológica, puesto en funcionamiento en julio de 2016 para los municipios menores de 20.000 habitantes.
Así lo ha asegurado el presidente de la Diputación, Elías Bendodo, tras renovarse en la última junta de gobierno el contrato del Servicio de Atención Psicológica a mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos, que se presta en los Puntos de Información a la Mujer puestos en funcionamiento en 2012.
Además, estos puntos de información contarán también con un Servicio de Atención Jurídica presencial y telefónica durante las 24 horas del día a través del teléfono 900 771 177, según ha informado la Diputación en un comunicado.
Bendodo ha recordado que el Servicio de Atención Psicológica se puso en marcha en julio de 2016 en el marco del compromiso de la Diputación de implementar políticas de igualdad y contra la violencia de género. En un año de funcionamiento, el servicio ha realizado más de 2.300 atenciones, tanto de situaciones de violencia como de derecho de familia.
Por ello, dada la demanda y el buen funcionamiento del servicio, este año se ha incrementado el precio del contrato hasta los 68.460 euros, lo que añade 13.740 euros más que el año anterior, para acercar este recurso a más mujeres, en especial a aquellas que residen en los municipios menores y que cuentan con mayores dificultades de acceso a los recursos.
Estas mujeres, en algunas ocasiones, desconocen cuáles son los medios legales, los derechos que las amparan y los servicios disponibles para poder salir de esa situación de violencia machista en la que están inmersas ellas y sus hijos.
Por su parte, la vicepresidenta y diputada de Igualdad e Innovación Social, Ana Mata, ha destacado la necesidad de un “pacto regional” que permita aunar los recursos existentes y establecer un protocolo de acción coordinado entre las distintas administraciones que mejore la eficacia de la atención de las mujeres víctimas de violencia de género.
