El conocido abogado penalista Luis Romero, que representa como acusación a la familia del soldado Carlos León, fallecido por ahogamiento, junto a un cabo, el 21 diciembre pasado en la base militar de Cerro Muriano (Córdoba), cree evidente la “responsabilidad” de otros altos mandos militares que, a su juicio, deberían comparecer como investigados, al margen del capitán, el sargento y el teniente que se encuentran ya imputados ante el Juzgado 21 de Lo Militar de Sevilla.
Romero ha hecho estas declaraciones ante los periodistas durante su intervención en el almuerzo mensual del Club de Empresarios y Profesionales de Marbella (CEPM), celebrado en el Hotel Óbal, donde presentó su libro, 50 Consejos para Abogados Altamente Efectivos, este viernes ante más de medio centenar de socios e invitados.
“Nosotros vemos también responsables al comandante de la base de Cerro Muriano, al teniente coronel, a dos coroneles, tanto el titular, como el que estaba el día del accidente, e incluso si es necesario y se demuestra, a un general de brigada que sería el máximo responsable”, enumera Romero.
Recuerda este jurista que “no hay que olvidar que fallecieron dos jóvenes que estaban haciendo una instrucción, es decir, no estaban ya como profesionales que habían terminado esa fase primera de instrucción, entonces todas las circunstancias indicaban que no debería haberse practicado el ejercicio”, incide Romero.
Así pues, Romero reitera que “forma totalmente negligente” el capitán que figura imputado, “con la ayuda del sargento, el teniente y al supervisión de los jefes, los metieron en un agua helada, sin ninguna medida de seguridad”, denuncia.
Esta acusación asegura que “hay suboficiales y oficiales que nos están ayudando, así como jefes, al ponerse en contacto con nuestro despacho para entrevistarse, decirnos que tenemos toda la razón, que vamos por muy buen camino, e incluso nos dan ideas para pruebas documentales, testificales y sobre todo periciales”, afirma este letrado sevillano.
De hecho, han declarado ya “más de cuarenta testigos, incluidos los presenciales ante la Guardia Civil”, cuerpo de seguridad del Estado que hace las funciones de policía judicial. No obstante, Romero confía en que el número de testificales se amplíe hasta 60, si se tiene en cuenta –añade– que “aquel día iban a participar unos 60 militares en el ejercicio” que costó la muerte al soldado y al cabo. Concretamente, se sumergieron en el agua una quincena de ellos.
Defensa retiró el retén de seguridad de la base en 2020
En el marco de las diversas “negligencias” que se han ido conociendo en los últimos meses, acerca de cómo fallaron todos los controles de seguridad en el citado centro militar cordobés aquella fatídica mañana del 21 de diciembre de 2021, cabe recordar que en 2020 el Ministerio de Defensa había retirado un retén de seguridad que hubiera servido para velar por la integridad física de los soldados y evitar accidentes. A este respecto, Romero afirma, ante una posible negligencia del Estado, sostiene que no le han sorprendido “estos recortes en medios necesarios que hubieran servido para salvar vidas”.
La representación letrada mencionada formulará preguntas sobre cuántos médicos y sanitarios había de guardia (Romero cree que parece que ninguno), así como acerca de que “no hubiera ambulancias disponibles” en la base militar.
“Yo hago lo que me suda la polla, todos para dentro”, sostiene Romero que afirmó el capitán de la base, al dar a la tropa la orden de sumergirse en el agua. Por lo que respecta a los indicios de delito apreciados este abogado habla de “homicidio doloso por omisión, por parte del capitán, los demás serían cooperadores necesarios, y además en su modalidad de “dolo eventual”. De ahí que sostenga que “el cpaitán conocía el riesgo que había y que se podían perder vidas o peligrar la integridad física”.
Hubo suboficiales que ya habían alertado al capitán acerca del riesgo existente, después de que los primeros soldados que entraron al agua tuvieran dificultades, dadas las circunstancias climatológicas adversas.