El empresario Tomás Olivo en una imagen de archivo cuando su sociedad General de Galerías Comerciales S.L. salió a bolsa. FOTO/ BME
El anterior equipo de gobierno que rigió Marbella entre agosto de 2017 y junio de 2019, conformado por Partido Popular y Opción Sampedreña (OSP), decidió el pasado 22 de abril, un mes antes de las elecciones municipales, retirar el escrito de acusación que habían presentado los abogados del Ayuntamiento en febrero de 2015 contra el conocido empresario Tomás Olivo, propietario del centro comercial La Cañada; el cerebro del ‘caso Malaya’, Juan Antonio Roca, y el exalcalde Julián Muñoz, entre otros acusados, en su mayoría exediles del GIL. Todo ello en el marco de un caso de presunta corrupción municipal, aún por juzgarse en la Audiencia de Málaga en el que, de forma paralela a la Fiscalía Anticorrupción, la administración marbellí había solicitado en febrero de 2015 abultadas penas de prisión e indemnizaciones para resarcir al Consistorio, debido al perjuicio patrimonial causado a las arcas públicas locales, a raíz de un convenio urbanístico del que partieron diversas operaciones inmobiliarias posteriores entre el citado empresario y la entidad local.
La responsabilidad civil que reclamaba la alcaldesa, Ángeles Muñoz, para indemnizar a las arcas municipales, como consecuencia de los delitos apreciados, alcanzaba los 47,7 millones de euros. Esta cantidad, a la que ahora renuncia Marbella tras alcanzar un acuerdo con Olivo, guardaba relación con la entrega de bienes inmuebles municipales, así como derechos edificatorios a General de Galerías Comerciales S.A. el buque insignia de este empresario murciano que ahora cotiza en bolsa.
Los exgobernantes del GIL, concretamente Julián Muñoz como alcalde accidental, contrataron con GGC y Emasa (empresas ambas de Olivo) la ejecución de las obras públicas de urbanización de la calle Jacinto Benavente y encauzamiento del Arroyo Primero. Por tales trabajos, que pone en duda el fiscal, se acordaba la entrega de bienes y aprovechamiento en pago de la deuda.
Olivo está acusado de entregar sobornos por importe de 1,6 millones de euros (270 millones de las antiguas pesetas) a Roca y otras personas del entorno del GIL, a través de la empresa Roadhouse España S.A. participada por los empresarios Carlos Sánchez y Andrés Liétor. Ambos fueron socios de Roca y condenados en ‘Malaya’ junto a él.
Las ‘mordidas’ que el fiscal y el Ayuntamiento achacaron a Olivo se produjeron de forma paralela al convenio que dio origen al centro comercial La Cañada, firmado el 5 de mayo de 1994, para la cesión de suelo y construcción de La Cañada, y que habría causado un perjuicio de 3,1 millones de euros a Marbella, según el Ministerio Público. Una tesis a la que se sumó el Ayuntamiento entre febrero de 2015 (escrito de acusación) y abril de 2019, cuando se apartó del procedimiento por completo, al desistir de seguir adelante como parte personada para defender los intereses de la ciudad. Fue tras llegar a un acuerdo económico con Olivo, que reclamaba una deuda de 24 millones de euros al Consistorio, por obras ejecutadas, y finalmente se quedaron en 12 millones a abonar.
Extracto de uno de los argumentos de la Fiscalía Anticorupción en su escrito de acusación de 2015
El llamado ‘convenio de La Cañada’ estipulaba que Olivo estaba obligado a desembolsar 600 millones de pesetas (3,6 millones de euros) a la administración municipal. El plan de pagos consistía en abonar 360 millones de pesetas (2,1 millones de euros) en concepto de obras de construcción futuras, entregar 80 millones de pesetas (482.000 euros) al Ayuntamiento a la firma del convenio, así como aplazar sendos pagos de 80 millones de pesetas que no se ejecutarían hasta que se obtuviera la licencia de construcción y se produjera la apertura del centro comercial.
A juicio del fiscal delegado de Anticorrupción en Málaga, Francisco Montijano, firmante del escrito de acusación, “en realidad, Tomás Olivo López adquirió los terrenos de ‘La Cañada’ a cambio de sus propias obras de urbanización (movimientos de tierras y canalizaciones y plantaciones para asegurarlas y compactarlas)”, así como de una “teórica contraprestación” dineraria que no llegó a satisfacer, salvo los 80.000.000 de pesetas dados en metálico”. Lo primero, argumenta el fiscal, ha perjudicado al Ayuntamiento de Marbella en 360.000.000 de pesetas (2.163.643,57 euros); lo segundo en los 160.000.000 de pesetas (961.619,36 euros)”.
Montijano concluye que Olivo “efectiva y realmente, pagó 80 millones de pesetas al Ayuntamiento de Marbella y 270 millones de pesetas a los fallecidos José Luis Jiménez y Jesús Gil, además del acusado Juan Antonio Roca, a través de la intermediaria Roadhouse S.A. de los empresarios Carlos Sánchez Hernández y Andrés Lietor Martínez que cobraron su comisión de 30 millones de pesetas”.
Marbella Confidencial ha confirmado el cambio de postura del Ayuntamiento de Marbella en el curso de una investigación periodística iniciada para conocer en qué estado se encontraba este sumario, de índole penal, que arrancó cuando en 2006 Anticorrupción interpuso una querella, tras un informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas del Estado (TdC) sobre la administración municipal y sus sociedades durante los gobiernos del GIL.
Las diligencias se desgajaron en una treintena de piezas separadas, todas ellas en el Juzgado de Instrucción 1 de Marbella, en lo que se dio en llamar el ‘caso convenios’. Uno de estos convenios fue el de dos empresas de Olivo con el Consistorio que regía el GIL en 1995.
El ministerio público sostiene que Olivo adquirió los terrenos de la citada superficie comercial mediante sobornos y pide para él un total de 18 años de cárcel, por los delitos de cohecho continuado, fraude y prevaricación urbanística, así como 10 años de inhabilitación por prevaricación. El presunto sobornado fue el exasesor urbanístico municipal Juan Antonio Roca, para quien se piden un total de 24 años de privación de libertad.
Para Julián Muñoz el fiscal solicita 18 años de prisión, mientras el exsecretario municipal Leopoldo Barrantes se enfrenta a 2 años. En el banquillo de catorce procesados figuran también los abogados Manuel Sánchez Zubizarreta y Francisco Soriano, condenados como testaferros de Roca por blanqueo de capitales en el ‘caso Malaya’. Siete exediles del GIL que formaron parte de las comisiones de gobierno que aprobaron decisiones favorables a Olivo afrontan penas de 2 años de prisión.
Anticorrupción reclama una responsabilidad civil de casi 50 millones de euros, a devolver en su mayoría por los tres principales imputados (Olivo, Roca y Muñoz), en relación con las diversas operaciones urbanísticas que se relatan y el consiguiente perjuicio a las arcas públicas.
La marcha atrás del Ayuntamiento de Marbella al exonerar a Olivo y al resto de los catorce acusados, mediante un escrito del 22 de abril, se produjo cuatro meses después de que el Pleno marbellí, con los votos a favor de PP, OSP y PSOE (votaron en contra IU y Podemos) diera luz verde a un acuerdo transaccional alcanzado entre la alcaldesa, Ángeles Muñoz, y la empresa General de Galerías Comerciales (CGC), propiedad de Olivo.
El acuerdo entre ambas partes reflejaba la obligación de abonarle a GGC 12 millones de euros, de un total de 24, que reclamaba el empresario murciano por la vía de lo contencioso administrativo. Se trataba de unas obras impagadas a Olivo, por parte de gobiernos del GIL, precisamente en el marco del convenio urbanístico de La Cañada, objeto de acusación ahora en solitario por parte de Anticorrupción.
La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, en una imagen de archivo junto a sus entonces socios de gobierno de OSP, los ediles Manuel Osorio y Rafael Piña. FOTO/ CABANILLAS
Cuando Ángeles Muñoz y Tomás Olivo consensuaron dicha indemnización surgieron voces discrepantes con este acuerdo en Podemos e Izquierda Unida. Uno de los más críticos fue el entonces portavoz municipal de Izquierda Unida, Miguel Díaz, que se preguntaba por qué el equipo de gobierno PP-OSP no esperaba a la resolución del procedimiento penal en la Audiencia de Málaga, donde el Ayuntamiento reclamaba una indemnización a quien fuera absuelto en el ‘caso Malaya’.
Miguel Díaz llegó alertar en enero de 2019 acerca de un informe del interventor municipal que desaconsejaba el pago a Olivo, al estar vivos entonces dos procesos judiciales, uno en la vía penal (del que el Ayuntamiento de Marbella se apartó en abril) y otro en el Tribunal de Cuentas. El exlíder local de IU llegó a decir que los gobernantes de PP y OSP “se arrodillan ante Olivo en lugar de plantarle cara en el juzgado”.
Por su parte, el PSOE pasó de anunciar, en un primer momento, su abstención ante el acuerdo entre Olivo y la alcaldesa que se llevaba a Pleno, a apoyarlo finalmente en sintonía con PP y OSP.
Al hilo de este polémico asunto cabe recordar también que, el pasado mes de marzo, días antes de retirar el Consistorio su acusación contra Olivo y el resto de acusados, el entonces concejal delegado de Obras, Javier García, llegó a admitir graves deficiencias en relación con las obras por las que el Consistorio acordaba abonar a Olivo 12 millones de euros.
Sorpresa y desconcierto en Anticorrupción ante el cambio de postura del Ayuntamiento
El cambio de postura ha causado sorpresa y desconcierto en el seno de la Fiscalía Anticorrupción, según fuentes consultadas que recuerdan que cuando llegue el juicio oral, aún por señalar, sólo el fiscal velará por el interés público de Marbella, al haberse desentendido el Ayuntamiento como acusación.
El giro de timón de PP y OSP al eximir de cualquier responsabilidad a Olivo en en el juicio oral que debe afrontar implica, de forma paralela, que también exoneran al resto de acusados por graves delitos, como son Juan Antonio Roca, Julián Muñoz, el exsecretario municipal Leopoldo Barrantes, así como varios extenientes de alcalde del GIL, hasta un total de catorce acusados en esta causa cuya vista oral podría fijarse para el próximo mes de diciembre, apuntan sobre la fecha fuentes jurídicas de forma oficiosa
En su escrito de acusación el fiscal delegado de Anticorrupción en Málaga, Francisco Montijano, desgrana a lo largo de 144 folios, a los que ha tenido acceso Marbella Confidencial, todo un extenso relato de actuaciones irregulares vinculadas, a su entender, a una supuesta trama de corrupción municipal.
Escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción
El modus operandi que describe el fiscal sobre el acusado Juan Antonio Roca Nicolás se centra en que “negoció, bien la entrega directa de bienes inmuebles municipales como pago de, a veces reales, a veces presuntas o infladas, deudas; bien los términos y aspectos relevantes de los convenios urbanísticos en los que se alteraban los parámetros urbanísticos existentes en perjuicio de los intereses municipales y favoreciendo a terceros o a sí mismo”.
También se refiere el Ministerio Público a que el exasesor urbanístico municipal utilizaba “su privilegiada posición e influencia para interferir en el proceso edificatorio final a través de testaferros y sociedades interpuestas”.
Al necesitar Roca para dicho control “el concurso y la ratificación formal” de sus decisiones, por parte de los “órganos unipersonales o colegiados del Ayuntamiento, lo que no era un problema”, la Fiscalía apunta a que el ya condenado en otros casos de corrupción “generó un sistema de pagos en metálico, ya conocido y juzgado en parte, por el que compraba la voluntad de los miembros del Ayuntamiento de Marbella que se plegaron a sus directrices sobre qué había que votar y decidir en cada caso sobre convenios, acuerdos, contratos, calificación y clasificación del suelo municipal”, reza el escrito de la acusación pública.
Dentro de las numerosas conductas delictivas que se describen el fiscal relata, por orden cronológico, como punto de partida, “una trascendente operación ocurrida el día 5 de mayo de 1994, por la que el empresario Tomás Olivo compra la voluntad de los mandatarios y dirigentes municipales a cambio de grandes beneficios para todos, y su continuación con la celebración de numerosos Convenios y Contratos con el Ayuntamiento de Marbella a través de sus sociedades municipales, que fueron consolidando deudas, créditos y anticipos, y su confirmación en las escrituras de 24 de abril de 1996 y 30 de agosto de 2000”, en referencia a sendas operaciones posteriores al convenio inicial de La Cañada, suscrito en 1994.
El Ayuntamiento y su escrito de acusación retirado
Cabe destacar que el Ayuntamiento de Marbella, en su escrito de acusación, más extenso aún que el del fiscal y firmado por el letrado Alberto Peláez Morales (Gaona Abogados) el 12 de febrero de 2015, luego retirado el 22 de abril de 2019, concluye que Tomás Olivo “adquirió los terrenos de La Cañada a cambio de sus propias obras de urbanización (movimientos de tierras y canalizaciones y plantaciones para asegurarlas y compactarlas) y de una contraprestación dineraria que no llegó a satisfacer”.
En base a los hechos anteriormente descritos el abogado que representaba los intereses municipales acusó a Olivo de haber perjudicado al Ayuntamiento de Marbella en 360 millones de las antiguas pesetas (2,1 millones de euros), en lo que se refiere al asunto concreto de la compra de los terrenos, así como en 160 millones de pesetas (961.000 euros) por la contraprestación dineraria no satisfecha.
El letrado municipal reflejó también en su escrito de acusación que “la actuación delictiva de los acusados, con motivo de la entrega de bienes inmuebles y derechos edificatorios a General de Galerías Comerciales S.A., a través del convenio de 18 de mayo de 1995, supuso una merma para las arcas públicas de 47,7 millones de euros”, según la valoración realizada por la tasadora Tinsa-Taxo.
Escrito de acusación presentado por el Ayuntamiento de Marbella en 2015 y retirado en abril de 2019
No obstante, el abogado que representaba al Consistorio marbellí aclaraba que “el perjuicio efectivo ha de ser definitivamente analizado una vez que se haya establecido definitivamente cuáles de esos bienes fueron objeto de transacciones inmobiliarias y cuáles han mantenido dicho valor de tasación una vez aprobado el nuevo PGOU de Marbella”. Cabe recordar que este escrito es de febrero de 2015 y el nuevo Plan General de 2010 se anuló en noviembre del año 15. Así pues, el valor no se podría regir por tales parámetros urbanísticos.
Versión oficial del Ayuntamiento ante su retirada como acusación
Marbella Confidencial solicitó semanas atrás al Ayuntamiento de Marbella una versión oficial para reflejar su cambio de postura, cuatro años después de haber formulado un contundente escrito de acusación provisional, previo al juicio oral contra los catorce procesados.
Desde la dirección general de Comunicación del Consistorio marbellí han enviado a esta redacción una serie de explicaciones, tras consultar a la asesoría jurídica municipal, argumentos de los que se hacen eco.
Estas fuentes oficiales confirman que fue el 22 de abril cuando el Ayuntamiento “desistió” de ejercer la acusación particular contra Olivo y el resto de acusados, “en virtud del informe jurídico elaborado tras el acuerdo transaccional alcanzando en el procedimiento contencioso-administrativo 73/14 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Málaga aprobado en Pleno (con los votos a favor del Grupo Municipal Popular, el Grupo Municipal Socialista y el Grupo Municipal de Opción Sampedreña) el 25 de enero de 2019″, precisan.
Recuerdan, además, que al margen del citado proceso penal a juzgar en Málaga, se incoó otro ante el Tribunal de Cuentas, en el marco de un procedimiento por alcance contable, con número A-67/06 “por los mismos hechos”, en alusión a los convenios por obras firmados con empresas de Olivo y la “cesión de bienes en pago”. Todo ello reducido al ámbito de la responsabilidad contable (no penal).
“Consta en dicho procedimiento Sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 21 de enero de 2015 en la que se concluye que no se había acreditado la existencia de un daño real y efectivo en los fondos públicos de la Corporación a resultas de las citadas operaciones, declarando la inexistencia de responsabilidad contable”, esgrimen desde el Ayuntamiento para justificar también su retirada como acusación en el ámbito penal.
Los gobernantes del PP sostienen que en la citada sentencia del TS “está acreditada la contratación de las citadas obras, la ejecución de los trabajos encomendados y el abono de las cantidades pactadas”, así com que “no se ha acreditado, en cambio, la existencia de un daño real y efectivo en los fondos públicos de la Corporación”, recalcan para afianzar sus tesis, en consonancia con la defensa de Olivo.
Extracto del escrito de acusación del Ayuntamiento de Marbella, presentado en febrero de 2015 y luego retirado en abril de 2019.
Tras el relato de todos estos episodios judiciales y ya en cuanto al procedimiento penal del que se han retirado como acusación, los gobernantes marbellíes enfatizan que “el elemento objetivo del delito reside en el presunto perjuicio económico patrimonial ocasionado a las arcas municipales”.
Ante la premisa anteriormente expuesta, añaden, “dado que la sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 21 de enero de 2015 (así como los informes municipales y periciales) establece que no está acreditado un daño a los fondos públicos, carece de sentido ejercer una acción penal con el fin de obtener una responsabilidad ante la inexistencia de una situación objetivada de perjuicio a las arcas públicas derivadas de las relaciones entre el Ayuntamiento y GGC, por lo que la Asesoría Jurídica considera que se encuentran atendidas las obligaciones legales que incumben al Consistorio sobre el ejercicio de acciones para la defensa de sus bienes y derechos”.
Asimismo, esgrimen que la ejecución y valoración de las obras ha sido confirmada por dos informes técnicos: el realizado por el jefe de Obras del Ayuntamiento en 2008 que valoró el importe de la ejecución de los trabajos en Arroyo Primero en la suma de 21.289.964,52 euros, presupuesto de ejecución material (28.442.141,11 euros, valoración de ejecución por contrata) y el realizado por un perito judicial en 2017, que valoró la ejecución de ambas obras en la suma de 25.258.658,73 euros, presupuesto de ejecución material (34.867.052,51 euros, valoración de ejecución por contrata), reza el escrito remitido días atrás por la administración municipal a esta redacción.
Fuentes cercanas a la defensa de Tomás Olivo coinciden por completo, al expresar sus argumentos, con la versión oficial facilitada por el Ayuntamiento de Marbella sobre los motivos para retirar la acusación.
