El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Marbella, Félix Romero, en imagen de archivo Foto/ Cabanillas
El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Marbella, Félix Romero, ha recurrido al bufete local Guerrero Abogados, regentado por el veterano letrado Salvador Guerrero Rodríguez y su hijo Salvador Guerrero Palomares, para asumir su defensa en el conocido como ‘caso Opium’. Se trata de la querella por presuntos delitos de prevaricación administrativa, contra el medio ambiente y lesiones, en la que también figura como querellada (aún no citada a declarar por el juez Dívar) la alcaldesa, Ángeles Muñoz, y dos empresarios vinculados a la citada discoteca de playa, quienes sí prestaron declaración meses atrás.
El citado recinto de ocio diurno y nocturno está entre los principales patrocinadores del coche de Fórmula E de uno de los hijos de la regidora conservadora. Se trata de Christian Broberg Muñoz.
Distintas fuentes judiciales consultadas por Marbella Confidencial han confirmado la contratación del conocido despacho, especializado en Derecho Penal –entre otras áreas– por parte del edil del PP. Se trata de una firma de letrados que no es ajena a casos relacionados con el Consistorio marbellí, a la hora de representar a ediles ‘populares’.
De hecho, Salvador Guerrero Palomares ha representado en los tribunales a la propia alcaldesa en algunos procedimientos penales ya archivados y es a quien ha acudido personalmente Romero.
Las minutas por la defensa de Romero
Ante la pregunta de si la defensa de Romero es costeada por él mismo – a título privado– o bien repercute en las arcas municipales, fuentes cercanas al edil del Partido Popular aseguran que fue él quien se dirigió personalmente al bufete y niegan que Guerrero Abogados tenga contrato alguno con la administración municipal.
También niegan que el citado bufete haya recibido nunca pagos por minutas giradas al Ayuntamiento de Marbella por la defensa de concejales del equipo de gobierno que preside Ángeles Muñoz, incluida la propia regidora.
No obstante, las fuentes citadas desconocen si, “dentro del estatuto que ellos tienen”, en alusión a concejales imputados, el Ayuntamiento le reintegra a Romero lo que éste abona –en primer término– a su abogado defensor.
No ha sido posible, por parte de esta redacción, recabar la versión de primera mano del propio Romero, debido a que este martes no ha acudido al Ayuntamiento por enfermedad. Así lo ha confirmado el teniente de alcalde y concejal delegado de Urbanismo, entre otras delegaciones, José Eduardo Díaz, cuando ha sustituido en rueda de prensa al también portavoz del PP en la habitual comparecencia posterior a la junta de gobierno semanal.
Se da la circunstancia de que Enrique Sánchez, quien fuera jefe de la asesoría jurídica externa del Ayuntamiento de Marbella durante gobiernos de Ángeles Muñoz, estuvo también vinculado al bufete Guerrero Abogados y representó, como abogado defensor, a varios altos cargos municipales del PP en el conocido como ‘caso altos cargos’. Se trató de una de las tres causas penales relacionadas con la gestión municipal de la regidora y exsenadora archivadas por el titular del Juzgado de Instrucción 3 de Marbella, Gonzalo Dívar.
Ahora queda por ver si el magistrado hará lo mismo con la cuarta que afecta a Muñoz que recae en su sede judicial.
El abogado Enrique Sánchez en su antiguo despacho. Foto/ web Guerrero Abogados
Sánchez, que actualmente tiene plaza en el Tribunal Supremo como letrado, se vio envuelto en una polémica de declaraciones cruzadas en 2018 con el portavoz municipal del PSOE, Pepe Bernal. El exalcalde socialista aseguró que el PP de Málaga había puesto a disposición de cuatro imputados la representación letrada de Sánchez y éste lo negó.
En declaraciones a Marbella Confidencial el también miembro del Comité Local del PP, por aquel entonces, negó que la dirección provincial de los conservadores, presidida en 2018 por Elías Bendodo, le hubiera asignado dicha defensa porque –precisó Sánchez– “las minutas las pagan mis clientes” de sus propios bolsillos.
