Una mujer limpia la puerta de su casa del barro acumulado tras las inundaciones en la provincia de Málaga. FOTO/ Alex Zea- Europa Press
El Consorcio de Compensación de Seguros, dependiente del Ministerio de Economía y Empresa, ha estimado inicialmente unos daños por las inundaciones del fin de semana en varias comarcas de la provincia de Málaga valorados en 30 millones de euros.
Es una estimación muy inicial y se refiere a bienes asegurados. Se calcula que se podrían alcanzar las 5.100 solicitudes de indemnización. De estas, 4.500 serían de viviendas, comercios, oficinas y otros inmuebles; y sobre 600 de vehículos, han informado desde la Subdelegación.
En la mañana de este lunes se han recibido 259 solicitudes, de las que 89 corresponden a la localidad malagueña de Campillos; 57 a Estepona; 37 a Ronda; y 23 a Antequera. Los peritos del Consorcio están visitando desde este pasado domingo las zonas de la provincia afectadas por las inundaciones.
La subdelegada del Gobierno en Málaga, María Gámez; el delegado de la Junta, José Luis Ruiz Espejo; y el presidente de la Diputación, Elías Bendodo, se han reunido este lunes con los regidores de una treintena de municipios malagueños que registraron incidencias para evaluar los daños registrados e informarles de las ayudas de que disponen por parte de cada una de las administraciones.
Gámez ha indicado que por parte del Gobierno central, además de la asistencia ofrecida durante este pasado domingo a través de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y de los efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil, “tenemos instrumentos normativos que permiten acogerse a ayudas por estas lamentables incidencias y daños”. Además, ha dicho que a eso se suma que “cada organismo del Estado va a actuar”.
En dicha reunión se ha recopilado información de los ayuntamientos, primer paso “que permitirá dar lugar a preparar ese informe para la posible declaración de lo que venimos denominando de zona catastrófica”, algo que debe aprobar el Consejo de Ministros, ha dicho Gámez, quien ha insistido en la importancia de que los alcaldes comuniquen toda la información necesaria lo antes posible “que sustenten esa posible declaración”.
