El Tribunal Constitucional (TC) no ha admitido a trámite el recurso de amparo que presentó la Comisión Promotora de la Segregación y Creación del Municipio de San Pedro Alcántara sobre la posible separación de este núcleo urbano respecto al municipio malagueño de Marbella, según ha informado el presidente de la Asociación Pro-independencia de San Pedro Alcántara (ISP), José Luis Pérez Granados.
El presidente del colectivo ha señalado en una nota de prensa que la Sala Primera del TC ha dictaminado en un auto reciente la inadmisión a trámite del recurso.
Pérez Granados ha anunciado también la disolución de la Comisión Promotora tras 30 años de actividad y el cese de los miembros de sus respectivos cargos después de que el TC fuera la última instancia judicial a la que el colectivo podía acudir para defender la segregación de San Pedro.
El presidente de ISP ha destacado el apoyo y el “cariño” de los sampedreños que han respaldado la iniciativa “durante esa larga andadura”.
“Les animamos a que sigan presumiendo de ser de San Pedro Alcántara, un pueblo con mayúsculas por mucho que los intereses ocultos de unos y la desidia de otros hayan impedido que esta realidad física, política y cultural se viera reflejada en el Derecho Constitucional a un Ayuntamiento propio y con unos representantes que luchen y defiendan a su pueblo y a los que en él residen”, ha agregado.
La Comisión Promotora presentó el recurso de amparo ante el TC después de que el Tribunal Supremo inadmitiera el recurso de casación contra el fallo en el que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía desestimó anular la decisión de la Junta de denegar la segregación de San Pedro.
Las abogadas de la Comisión Promotora, Ana y Cecilia Gallego, señalaron a mediados de abril que la segregación de San Pedro a través de los tribunales sería “muy difícil” y aseguraron que la municipalidad del núcleo poblacional es una decisión “puramente política”.
“Si la Junta de Andalucía hubiera dicho ‘sí’ en el decreto a la independencia de San Pedro, al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y el Tribunal Supremo le habría parecido bien la aplicación de la norma que se tendría que haber aplicado”, indicaron entonces.