David Serrano junto a su abogado, el letrado marbellí Antonio Flores, CEO de la firma Lawbird, en imagen de archivo. FOTO/ Alex Zea- Europa Press
El dueño de la finca en la que se encuentra el pozo en el que murió Julen se declara insolvente y ha presentado una demanda de solicitud de concurso voluntario de deudor persona física ante la existencia de una deuda “inasumible” que, entre los conceptos de responsabilidad civil en el proceso por la muerte del niño y sanciones administrativas, podría llegar a 1,5 millones de euros.
El Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga acordó hace unas semanas la apertura de juicio oral contra David Serrano, acusado por un delito de homicidio por imprudencia grave; y le impuso el pago de una fianza civil de 885.300 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran declararse en relación con las tareas de rescate llevadas a cabo.
Tras dicha resolución, ahora, la defensa del único acusado ha presentado en los juzgados de Primera Instancia de Málaga, que tienen competencia para este tipo de procedimientos, una solicitud de concurso voluntario, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que alega y explica la “situación de insolvencia más la inexistencia de patrimonio”.
Al respecto, aporta documentación con la que pretende acreditar que “no percibe prestaciones por desempleo ni subsidios” y que “no percibe devoluciones ni haberes fiscales”, indicando que la fianza civil solicitada por el juzgado que lleva el caso por la muerte de Julen “resulta imposible de atender para el común de los ciudadanos, no digamos ya para una persona de extracción humilde”.
La defensa de David Serrano ha considerado “inevitable” ante “la avalancha de reclamaciones” la presentación de esta demanda de solicitud de concurso voluntario de deudor persona física, apuntando que “está ya técnicamente en una situación de insolvencia, no pudiendo ni ahora ni en el futuro cumplir con una deuda que podría ascender a 1.500.000 euros, sumando los conceptos de responsabilidad civil y sanción administrativa”.
Han apuntado que, a la fianza de responsabilidad civil ya solicitada, “habrá que sumar las sanciones administrativas a las que pudiera ser condenado a pagar, por no haber solicitado la licencia de prospección del sondeo además de aquellas cantidades que pudieran reclamar los padres de Julen, como indemnización por daños y perjuicios”.
Por todo esto se ha presentado la solicitud, en la que se insta a que se dicte un auto declarativo de la apertura del proceso concursal y a que se acuerde la liquidación; además de que se informe al juzgado que lleva el caso por la muerte de Julen sobre dicha solicitud, lo que ya se ha hecho.
