El fiscal jefe de Málaga, Juan Carlos López Caballero, en imagen de archivo. Foto/ J.C. Villanueva
El fiscal jefe de Málaga, Juan Carlos López Caballero, ha vuelto a demandar un aumento del número de fiscales y de la plantilla de personal auxiliar para paliar las “carencias” que presentan las distintas áreas en la provincia y en la capital y sigue apostando por formar unidades de investigación con profesionales de otros organismos, como la Agencia Tributaria o la Policía Nacional.
En el caso de la Fiscalía de Área de Marbella, con 17 fiscales y 25 juzgados –no sólo de la ciudad marbellí, sino también de Estepona y Ronda y asistencia a juicios en la capital–, se considera necesario un aumento de dos plazas. Se apunta que este área soporta “unos casos de delincuencia especialmente complejos”, relativos a la corrupción política o criminalidad organizada.
Datos de la Memoria del ministerio público malagueño relativos a 2014
Según los datos de la memoria del pasado año de la Fiscalía malagueña, la plantilla de fiscales “se muestra insuficiente”. Entonces eran 83 profesionales, incluyendo el Área de Marbella y las secciones territoriales de Torremolinos, Vélez-Málaga y Fuengirola. El fiscal jefe, Juan Carlos López Caballero, cifra en ocho plazas el aumento necesario para la capital.
En el ámbito penal, según dicho informe, al que tuvo acceso Europa Press, se pone de manifiesto que “la alta incidencia” que determinadas formas de delincuencia presenta en la provincia malagueña llevan a que, “dados los escasos recursos humanos con lo que se cuenta, la respuesta que podamos ofrecer sea ciertamente muy limitada y, en todo caso, tardía”.
El fiscal jefe considera “indudable” que la Fiscalía de Málaga “sería una de las que precisarían ser reforzadas con un incremento de su plantilla” de fiscales, indicando que las ocho plazas que se demandan para la capital serían para apoyar las secciones de Medio Ambiente, Delitos Económicos, así como las delegaciones especiales Antidrogas y Anticorrupción.
Otros datos de la provincia
También se hace especial hincapié en la situación de las secciones territoriales de la provincia ubicadas en Vélez-Málaga, Fuengirola y Torremolinos, que vienen “asumiendo una carga de trabajo muy por encima de lo que sería razonable”, no sólo en el ámbito penal. Así, se estima que sería preciso un aumento en tres plazas en las dos primeras y de dos en la última.
En el caso de la sección territorial de Torremolinos, hay cinco fiscales que atienden a 10 juzgados en total, tanto de instrucción como de primera instancia. La de Vélez cuenta con cuatro fiscales para siete órganos judiciales; mientras que la de Fuengirola tiene cuatro fiscales para nueve juzgados. En los tres casos, asisten a juicios en juzgados de lo Penal.
En cuanto a la Fiscalía de Área de Marbella, con 17 fiscales y 25 juzgados –no sólo de la ciudad marbellí, sino también de Estepona y Ronda y asistencia a juicios en la capital–, se considera necesario un aumento de dos plazas, apuntando que esta área soporta “unos casos de delincuencia especialmente complejos”, relativos a la corrupción política o criminalidad organizada.
El aumento de la plantilla de personal auxiliar es para el fiscal jefe “una absoluta urgencia”, recordando que esto ya se ha venido reclamando. Al respecto, estima que la plantilla de personal debería ser de un tramitador por fiscal y en las secciones especializadas y en las delegaciones especiales tendrían que contar con un gestor y dos tramitadores, cada una.
Centro de corrupción administrativa
El fiscal jefe reitera que en la Costa del Sol se ve “con toda intensidad” las diversas modalidades de la delincuencia organizada, incluida la transnacional, lo que requiere una especial atención, al ser una “criminalidad compleja y cambiante”. Además, apunta que la provincia ha sido centro también de conocidos casos de corrupción administrativa”.
Por esto, considera que se debería contar con “el apoyo de personal especializado en la investigación” de esos delitos, lo que podría hacerse incorporando a la oficina fiscal profesionales procedentes de otros organismos, tales como la Policía Nacional o la Agencia Tributaria, con el fin de “aportar sus conocimientos específicos”.
En este sentido, plantea una implantación de estas unidades de investigación “a título experimental, limitando su ubicación a determinados puntos calientes de la actividad criminal de grupos organizados, entre ellos, singularmente, la provincia de Málaga”. Asimismo, alude a la existencia de legislación que permitiría articular esto, así como a la posibilidad de firma de convenios.
