Mesa organizada por el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM). FOTO/ UMA
La directora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), Elena Ruiz, ha asegurado que “casos como el de Juana Rivas o el de ‘La Manada’ marcarán sin duda un antes y un después en la historia del tratamiento de la violencia de género por parte del sistema jurídico y legislativo español”, ya que, ha apuntado, “han evidenciado carencias a la hora de apoyar a las víctimas y poner freno a los agresores, carencias que la propia sociedad ha criticado duramente”.
Ruiz ha inaugurado este martes en Marbella (Málaga) el curso de verano ‘Mujeres frente a la violencia’, de la Universidad de Málaga, donde ha destacado “el importante momento histórico que vivimos en materia de violencia de género, con una ciudadanía tremendamente concienciada y activa ante injusticias como la desprotección de menores víctimas o la laxitud ante la violencia sexual”, por lo que ha apuntado la “urgente necesidad de responder a esa madurez social de género y modificar aquello que no funcione”.
Según ha recordado, “las leyes están para hacer respetar los derechos, y si no es suficiente, será necesario modificarlas para que no haya lugar a interpretaciones basadas en la cultura patriarcal, como ha ocurrido con ‘La Manada'”.
Junto a ello, ha explicado que las decisiones judiciales “no son nunca una aplicación mecánica de las leyes, sino que están sometidas a la interpretación personal, que puede verse influenciada por la cultura eminentemente patriarcal en la que vivimos”, por lo que ha insistido en la necesidad de “incluir la formación en materia de género y violencia machista en la carrera judicial, tal y como contemplan las respectivas reformas de las leyes andaluzas de Igualdad y Violencia de Género, en trámite parlamentario”.
Ruiz ha advertido de la “importancia” de estar alerta ante las diferentes manifestaciones de la violencia de género, “las trampas del patriarcado en las que se refugia, los huecos por los que se cuela, las nuevas formas que adopta y las necesidades del sistema ante esas nuevas formas y cambios, porque sólo así podrá erradicarse”.
Ciberdelincuencia
Como ejemplo, ha señalado la ciberdelincuencia de género, es decir, la violencia de género ejercida por el agresor a través de las redes sociales, un delito que se da cada vez más en los casos de violencia machista, dado que “el uso del móvil y de las redes sociales es cada vez más habitual como forma de comunicación en todas las franjas de edad”.
En este sentido, ha recordado que “Andalucía ha sido la primera comunidad autónoma en atender todas las especificidades de la ciberdelincuencia de género”, al poner en marcha un Protocolo de Actuación ante la Ciberdelincuencia de género, dirigido a todo el personal del IAM y a los Centros Municipales de Información a la Mujer, así como la red de acogida, con el fin de darles todas las pautas necesarias para atender de manera adecuada a las mujeres víctimas, de todas las edades, que presentan síntomas de sufrir o haber sufrido este tipo de violencia de género digital.
El protocolo ha ido acompañado de la formación necesaria para que el personal tenga la cualificación adecuada para la detección de la ciberdelincuencia de género.
Este curso, organizado junto a la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), ha contado también con la presencia de Pilar Martín Nájera, fiscal de la Sala de Violencia a la Mujer y del Tribunal Supremo.
En su intervención, según han indicado desde la UMA, ha hablado sobre la respuesta judicial ante la violencia de género y la aplicación de la perspectiva de género, “fundamentales” para comprender delitos cometidos contra las mujeres. “Si no luchamos usando herramientas desde la igualdad, nunca venceremos a la violencia de género”, ha aseverado.
Para Nájera, la participación de la sociedad es vital. “Los casos no aumentan, se visibilizan más, porque las víctimas dan el paso a denunciar al sentir respaldo social, como ocurre con la agresión sexual o el acoso laboral”, ha dicho.
La fiscal sostiene que la Ley de Igualdad de 2007 continúa siendo “pionera”, pero critica “la falta de aplicación y exigencia por parte de los poderes públicos”. Por ello, ha defendido la elaboración del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado a finales de 2017, que actualmente trabaja en la reactivación de aspectos recogidos en la ley y la introducción de reformas legales, como la asistencia inmediata de abogado o la asistencia social y económica a las víctimas con independencia de que exista sentencia u orden de protección.
No obstante, Nájera ha incidido en la importancia de su segunda parte, que implica directamente a sectores que afectan a toda la sociedad: medios de comunicación, deporte, educación en igualdad o capacitación de operadores jurídicos.
Además, ha afirmado que la Fiscalía reivindica “el aumento del número de juzgados especializados” para “conseguir sentencias y respuestas adecuadas”, ya que sólo hay 27 juzgados aglutinando la inmensa mayoría de los delitos, dejando “desprotegidas” a varias comunidades autónomas.
En cuanto a la sentencia del caso conocido como ‘La Manada’, cree que apunta a “una falta de empatía y desconocimiento”. Ante esta problemática, prefiere hablar de capacitación y especialización de jueces en la materia y no de “formación”. De esta forma, permitirá “entender el fenómeno de la violencia de género” y así llegar a una valoración judicial apropiada y adecuada sobre “la postura de una víctima, sus silencios, la gravedad y la entidad de estos delitos”.
“Que no se trate solo de Derecho formal, sino de Justicia, que ya tiene una connotación mucho más importante”, ha concluido la fiscal de sala.
