Nuevo carpetazo del juez Gonzalo Dívar sobre un asunto judicial que afecta a la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz. El titular del Juzgado de Instrucción 3 de la ciudad ha archivado el conocido como ‘caso Opium’. Se trata de una querella presentada en su día contra la regidora del PP y el primer teniente de alcalde, Félix Romero, por presuntos delitos de prevaricación administrativa, contra el medio ambiente y lesiones acústicas a los vecinos de la polémica discoteca.
Según ha podido saber Marbella Confidencial de fuentes judiciales Dívar ha dictado un auto de sobreseimiento libre, que no provisional, lo que a todos los efectos significa el cierre total de esta causa penal.
Lo más llamativo de esta decisión es que el magistrado cierra el caso sin ni siquiera citar a declarar a Muñoz, que figuraba querellada, al igual que Romero (él ya declaró como investigado) y un empresario propietario del local.
Con este son ya cuatro casos relacionados con la gestión del equipo de gobierno del PP y la alcaldesa los que Dívar archiva, con la salvedad de que en anteriores ocasiones Muñoz era aforada, por su condición de senadora, y el citado juez se resistió siempre a elevar las causas al Tribunal Supremo (TS), en contra del criterio del fiscal jefe de Marbella, Julio Martínez Carazo. El acusador público sí halló indicios racionales de delito contra la munícipe popular.
En esta ocasión se desconoce el criterio del Ministerio Fiscal al respecto, ya que ni siquiera acudió nunca a los interrogatorios de imputados y testigos que se celebraron en la sede judicial que tutela Dívar.
Al archivar por completo esta causa sobre la discoteca que fue patrocinadora del coche de carreras de uno de los hijos de la alcaldesa –entre otros anunciantes– Gonzalo Dívar no sólo no cita a Muñoz, sino que tampoco lo hace sobre diversos técnicos municipales, cuya testifical habían solicitado los denunciantes.
Romero confiaba en que Dívar ni siquiera tuviera que citar a la alcaldesa para archivar el caso
Con la decisión del juez instructor de archivar el ‘caso Opium’, conocida en exclusiva por este medio de comunicación, se cumple el vaticinio del primer teniente de alcalde de Marbella, Félix Romero. El brazo derecho de la alcaldesa auguró el 17 de octubre de 2023, tras prestar declaración como imputado, que confiaba en que su jefa de filas no fuera siquiera citada a declarar antes de dar el juez carpetazo a la causa, como así ha sido.
Ahora cabe recurso de reforma ante el juez Dívar y subsidiario de apelación, como apuntan las fuentes citadas. Se da por hecho que los denunciantes presentarán recurso ante la Audiencia de Málaga. No sería la primera vez que el tribunal malagueño ordena al titular de Juzgado de Instrucción 3 de Marbella reabrir un caso que atañe a la alcaldesa, tras haberlo archivado.
Lo que más llama la atención en círculos jurídicos consultados es que Dívar se haya decantado por el sobreseimiento libre, en lugar del provisional. Así pues muy claro lo ha tenido que ver el veterano magistrado marbellí para dar carpetazo definitivo a este asunto.
Ya en otras ocasiones Dívar, al archivar casos de la alcaldesa, aconsejó a los denunciantes acudir a la vía administrativa, al considerar que no había indicios de criminalidad en la vía penal. Parece que en esta ocasión habría optado por lo mismo, a falta de conocer sus razonamientos jurídicos esgrimidos en el auto dictado recientemente.
Cuarto caso que archiva Dívar que afecta a la alcaldesa
Esta querella supone el cuarto caso en la vía penal –su competencia– que instruye el titular del Juzgado de Instrucción 3 de Marbella, Gonzalo Dívar, relacionado con la gestión de Ángeles Muñoz como alcaldesa. Las tres denuncias anteriores también fueron archivadas por el magistrado, el más veterano de los jueces de instrucción en la ciudad.
Cabe recordar que el llamado ‘caso deslindes’ en el que se investigó si la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, había hecho modificaciones de lindes para, supuestamente, beneficiar a su familia y a ella misma, en terrenos propios, fue archivado en 2010 por Dívar. Se trató de una denuncia del entonces edil socialista independiente (no afiliado) Javier de Luis.
En septiembre de 2018 Dívar archivó el llamado ‘caso PGOU’, frente al criterio del fiscal adscrito a la causa, Julio Martínez Carazo, denunciante de la alcaldesa, Ángeles Muñoz, senadora y aforada, que apreciaba un presunto delito de falsedad documental en el acta del pleno de julio de 2009 que supuso la aprobación provisional del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
Dívar dictó un auto de sobreseimiento provisional el 3 de septiembre de 2018. El magistrado volvía a reiterar que no apreciaba indicios de delito en la actuación de la regidora marbellí, en contra de lo que venía sosteniendo el ministerio público.
También en septiembre de 2018 el grupo municipal del PSOE en Marbella, liderado por el exalcalde Pepe Bernal, actual portavoz y candidato, enviaba al Supremo una querella contra Muñoz por el ‘caso PGOU’. El citado tribunal designó como ponente al conocido juez Pablo Llarena. Las actuaciones también se archivaron.
Seis meses antes, el 28 de marzo de 2018 la Audiencia de Málaga había ordenado a Dívar reabrir el ‘caso PGOU’ para investigar un posible delito de falsedad en documento por imprudencia grave, en la persona de la alcaldesa, Ángeles Muñoz, después de que lo archivara, en octubre de 2017. El archivo se produjo sin haber tomado declaración a una serie de testigos propuestos tanto por la Fiscalía como por el PSOE, personado como acusación particular.
En abril de 2018 el fiscal jefe de Marbella, Julio Martínez Carazo, solicitaba al juez Dívar que enviara el ‘caso PGOU’ al Supremo por la condición de aforada de Ángeles Muñoz.
El archivo del ‘caso altos cargos’ del PP
En enero de 2021 Gonzalo Dívar, sobrino del expresidente del CGPJ y del Supremo Carlos Dívar, archivaba el último de los grandes casos que ha instruido vinculados a la gestión de la actual alcaldesa de Marbella. Lo hizo frente al criterio del fiscal jefe de la ciudad, Julio Martínez Carazo. Se trató del llamado ‘caso altos cargos’.
Se investigó una decena de contratos de alta dirección de cargos del Partido Popular, formalizados durante los gobiernos de la alcaldesa Ángeles Muñoz entre 2007 y 2015. En julio de 2020 la Fiscalía llegó a solicitar a Dívar la imputación ante el Supremo de Ángeles Muñoz.