El juez Manuel García Castellón en una imagen de archivo. Foto/ RTVE
El titular del Juzgado Central 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha rechazado la solicitud de personación, como acusación popular, que le había dirigido el portavoz socialista del Ayuntamiento de Marbella, Pepe Bernal. Todo ello en el marco del caso de la trama sueca que se investiga en la Audiencia Nacional.
En un auto de tres folios de extensión, fechado el 21 de noviembre y al que ha tenido acceso Marbella Confidencial, el magistrado esgrime como uno de sus principales motivos para denegar la personación que “el solicitante pretende personarse en un momento en que ya se ha dictado el auto de procesamiento, que ha trascendido a los medios, pero no precisa por qué hechos pretende personarse”, reprocha García Castellón al concejal del PSOE y exalcalde marbellí.
De forma paralela el juez que instruyó –entre otros sonados procedimientos– el llamado ‘caso Atlético’, que acabó con una condena por estafa para Jesús Gil y su hijo Miguel Ángel, les recuerda a los socialistas que “en la descripción que se realiza de los hechos en el auto de procesamiento no se menciona a ningún cargo público que, por acción u omisión, pudiera tener relación con los delitos mencionados, ni se menciona tampoco la existencia de ningún destino irregular de fondos públicos”.
Tampoco se afirma en dichos hechos– prosigue el juez en el auto– “que el Ayuntamiento de Marbella haya sido utilizado para la realización de un posible blanqueo de capitales“, recalca García Castellón sobre el delito que se le imputado al marido de la alcaldesa, Ángeles Muñoz, así como a su hijastro. Este último también está acusado de narcotráfico y pertenencia a organización criminal.
Los socialistas no han hecho uso de la coyuntura que podía darles –en caso de alegar algún tipo de relación del Ayuntamiento de Marbella, con esta causa penal– el hecho de que un agente de la Policía Local, exescolta personal de la regidora y senadora del PP, esté entre los procesados. En su caso por recibir sobornos de Joakim Broberg, hijo del primer matrimonio del marido de Muñoz, Lars Broberg.
García Castellón esgrime también, entre sus argumentos para denegar la citada personación que el auto de procesamiento, dictado con carácter previo al juicio oral que se celebrará en la Audiencia Nacional “fija los hechos objeto del debate procesal hasta el punto de que habría que proceder a la ampliación del mismo si se pretendiera incluir otros nuevos (con independencia de la calificación jurídica)”. Añade, además, que en la investigación practicada “no se han desvelado indicios que revelen el tipo de conductas al que hace referencia el solicitante, y por otro lado, el mismo no aporta ningún hecho nuevo, o fundamento que permita tal ampliación” de las pesquisas.
Así pues, el juez instructor de esta causa penal resuelve “inadmitir la personación como acusación popular que se propugna, por tratarse de hechos ajenos al procedimiento actual, sin perjuicio de que el solicitante pueda formular denuncia ante las autoridades competentes, fuera de este procedimiento, si tiene conocimiento de alguna irregularidad que pudiera constituir una conducta delictiva”, concluye al indicarle a Bernal una vía judicial distinta a la Audiencia Nacional.
En otro pasaje del auto el magistrado le comunica al edil socialista que lo pertinente, como acusación popular, sería la interposición de una querella por su parte, así como el depósito de una fianza. Extremos en los que no entra de lleno, al haber rechazado de plano la solicitud del PSOE por los motivos anteriormente expuestos.
Otras fuentes jurídicas consultadas por Marbella Confidencial, ajenas a este caso pero expertas en Derecho Penal, señalan que dado lo avanzado del procedimiento que se instruye en la Audiencia Nacional “había pocos visos” de que García Castellón aceptara la personación, como acusación, del PSOE. Añaden también que el mero hecho de ampliar la investigación, sin abrir una pieza separada, supondría “importantes dilaciones” en caso de que el juez pudiera hallar algún indicio racional de presunto delito cometido por la alcaldesa. Su condición de senadora y, por tanto, aforada, provocaría que el instructor tuviera que inhibirse en favor del Tribunal Supremo.
La UDEF propuso al juez abrir una pieza separada por corrupción y éste se negó
En cualquier caso cabe recordar que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ya propuso a García Castellón abrir una pieza separada. Basaban su solicitud en que debían investigarse posibles delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Tipos penales que apreciaban tras diversas escuchas telefónicas en las que el hijastro de la alcaldesa se jactaba de su poder, así como de relacionarse con funcionarios y personal municipal: “Tenemos la ciudad y la jodida Andalucía es nuestra”, dijo Joakim Broberg en una conversación tras hacerse el PP con el gobierno de la Junta en 2019, una vez que su madrastra ya gobernaba en Marbella.
García Castellón se opuso a deducir testimonio y dio carpetazo a cualquier vinculación de la trama sueca con el Ayuntamiento de Marbella. Todo ello a pesar de que uno de sus integrantes, el procesado Nils Fisher, también de nacionalidad sueca, recibió a través de una de sus empresas 642.000 euros en contratos de obras municipales. El fiscal jefe de Marbella, Julio Martínez Carazo, investigó y archivó lo relacionado con un contrato de 60.000 euros que recibió Codecosol S.L. (propiedad de Fisher) en 2013. Se trató de una denuncia del PSOE local.
Sin embargo, el monto restante hasta llegar a los 642.000 euros nunca se ha investigado. De hecho, Vozpópuli publicó recientemente la sorpresa que había causado en el seno de la Fiscalía Anticorrupción el hecho de que García Castellón no dedujese testimonio, cuando se lo pidió la Policía Nacional, ni tampoco hiciera nada al respecto la Fiscalía Antidroga. Una instancia, ésta, a la que no le compete investigar delitos de corrupción política, de ahí que fuentes de Anticorrupción consideraran que se les debió dar traslado.
Ahora, tras este varapalo del juez García Castellón, al PSOE le quedar interponer un recurso de reforma ante el mismo magistrado, algo que tiene escasos visos de prosperar. Otra opción sería interponer una querella ante la Fiscalía Anticorrupción para que, en caso de apreciar el Ministerio Público indicios de delito, fuera turnada por reparto a los Juzgado de Marbella, como ocurrió en numerosas ocasiones en el pasado con otros asuntos del gilismo y el postgilismo.
