El juez Alejandro Abascal, uno de los magistrados propuestos por el Partido Popular para ocupar las vocalías del Consejo General del Poder Judicial (CGP) –en el marco del acuerdo alcanzado este martes con el PSOE– fue el instructor de la Audiencia Nacional que, entre 2019 y 2020, rechazó diversos informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en los que se le solicitaba abrir una pieza separada por presunta corrupción en el Ayuntamiento de Marbella.
La negativa del magistrado se produjo en el marco del sumario sobre un grupo sueco de la peligrosa MocroMaffia, que tiene como principal procesado a Joakim Broberg hijastro de la alcaldesa, Ángeles Muñoz, por presuntos delitos de narcotráfico, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, a la que se denominó ‘trama sueca’.
El nombre de Alejandro Abascal, que adoptó tal decisión –contraria al criterio de la Policía Nacional– cuando se encontraba como juez de refuerzo en el Juzgado Central 6 de la Audiencia Nacional (AN) que tutela Manuel García Castellón, siempre ha estado en las listas de candidatos del PP a ocupar vocalías en el CGPJ.
De hecho, Abascal –tal y como se publicó en distintos medios nacionales años atrás– ya aparecía en la terna de los favoritos de Mariano Rajoy al CGPJ antes de que instruyera el caso del hijastro de la alcaldesa, quien se enfrenta a 22 de años de prisión en un juicio para el que todavía no hay fecha fijada.
Adscrito a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), de corte conservador, Abascal ha instruido otros casos mediáticos de alcance nacional en la AN como el ‘caso Soule’ (sobre el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol Ángel María Villar); el ‘caso Dina’, relacionado con una asistente de Pablo Iglesias en Podemos, así como causas contra jefes de la organización terrorista ETA. También se le conoce por el ‘caso Villarejo’; la llamada ‘Operación Lezo’ y el ‘caso Tsunami Democrátic’, entre otros.
Abascal, que ahora ha sido elegido tras el acuerdo PP-PSOE en el grupo de vocales del CGP a designación del Senado, recaló como magistrado de refuerzo del Juzgado Central 6 de García Castellón en febrero de 2019 y estuvo en dicha plaza hasta junio de 2021.
Sus sucesivos rechazos a las pretensiones de los investigadores de la UDEF para abrir una pieza separada por los presuntos delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias, a la hora de indagar sobre presunta corrupción política en el Ayuntamiento de Marbella, se produjeron entre julio de 2019 y agosto de 2020, con el visto bueno de la Fiscalía Antidroga. Este organismo público no consideró tampoco oportuno remitir las pesquisas policiales a la Fiscalía Anticorrupción, que hubiera sido la encargada natural de indagar sobre supuesta corrupción municipal.
La decisión de Antidroga causó sorpresa y extrañeza en Anticorrupción, tal y como ya informó Marbella Confidencial, después de que eldiario.es diera a conocer –el 12 de diciembre de 2022– que la Audiencia Nacional había “ignorado” tres informes sobre corrupción en Marbella y un chivatazo al marido de la alcaldesa.
Cabe recordar que la operación policial y judicial contra este grupo criminal de la MocroMaffia que lideraba Joakim Broberg, hijastro de Ángeles Muñoz, se desencadenó en febrero de 2021, cuando la Audiencia Nacional ordenó una serie de detenciones, entre ellas la del marido de la alcaldesa de Marbella, Lars Broberg, (fallecido en marzo de 2023) y que llegó a estar investigado (antes imputado) en esta causa penal, por blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico y organización criminal.
El 14 de noviembre de 2021 medios como Moncloa.com informaban de la cercanía de Abascal con el entonces presidente del PP, Pablo Casado. Dicho medio digital situaba al ahora designado vocal del CGPJ como “asesor en materia de justicia” del antecesor de Feijóo en Génova 13, junto a otros magistrados de corte conservador como Enrique López, consejero con Ayuso en la Comunidad de Madrid, y Enrique Arnaldo, articulista para la fundación FAES, presidida por Aznar, y propuesto al Tribunal Constitucional.
Cronología de los tres rechazos de Abascal a la UDEF para investigar en el Ayuntamiento de Marbella
El primer informe de la UDEF, elevado al juez Abascal, para intentar investigar las conexiones de la llamada ‘trama sueca’ de Joakim Broberg con el Ayuntamiento de Marbella está fechado en julio de 2019. Las diligencias previas de la Audiencia Nacional se habían iniciado pocos meses antes, en el marco de las pesquisas sobre narcotráfico y blanqueo.
Meses después, en octubre de 2019, esta unidad de élite de la Policía Nacional emite un informe ampliatorio del primero, para indagar sobre presuntos delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias. Todos ellos en el marco de las pesquisas sobre supuesta corrupción política que los agentes querían emprender en el consistorio marbellí gobernado por el PP.
Ya en agosto de 2020 la UDEF emite un tercer informe, bajo el título de “Información privilegiada para favorecerse con una operación de venta de terrenos”.
Asimismo, los agentes alertaron al juez de un chivatazo que había recibido el marido de la alcaldesa cuando la investigación sobre su persona y su hijo Joakim estaba en curso (llevaba sólo seis meses desde su inicio). De nuevo, Alejandro Abascal no consideró pertinente indagar sobre ello, y no consta nada al respecto en el sumario acerca de cómo se pudo producir tal filtración, bajo secreto sumarial, según el citado medio digital nacional.
La UDEF sobre el hijastro de la alcaldesa: “trata al Ayuntamiento como si fuera propio”
El 1 de diciembre de 2022 quien escribe estas líneas desveló en Vozpópuli el contenido de un informe de la UDEF (con documentos impresos en la web) en el que los agentes afirmaban, con respecto al hijastro de la alcaldesa, que Joakim Broberg “trata al Ayuntamiento como si fuera propio”.
Hasta el día de hoy, que sepamos, el considerado testaferro de Joakim Broberg, el ciudadano sueco Nils Fisher, también procesado y pendiente de juicio en la Audiencia Nacional por blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas, ha facturado más de un millón de euros a las arcas municipales en una veintena de contratos de obras, adjudicados por el equipo de gobierno que preside Ángeles Muñoz en Marbella.
La negativa del juez Abascal a indagar sobre lo que le proponía la Policía Nacional ha impedido a los agentes de la UDEF profundizar en las adjudicaciones de obras municipales a Fisher, así como a un sobrino carnal de la regidora del PP (socio de Fisher), que no figura procesado en la causa de la AN pendiente de juicio oral.
Este medio digital ha intentado a lo largo de este martes contactar, sin éxito, con el juez Alejandro Abascal para ampliar detalles sobre los motivos que le llevaron a rechazar los informes de la UDEF, en torno a la citada administración municipal gobernada por la también exsenadora del PP.