Imagen de una de las sesiones del juicio oral por el ‘caso Goldfinger’ que se celebra en la Audiencia de Málaga. Foto/ Europa Press
La Sección Octava de la Audiencia de Málaga tiene previsto continuar este lunes el juicio por el caso ‘Goldfinger’, que versa sobre la operación urbanística y financiera relacionada con la parcela en la localidad malagueña de Marbella en la que estaba el chalé del actor Sean Connery y su mujer, a los que no se juzga en esta causa.
La vista oral comenzó el pasado lunes y en la primera sesión el exalcalde marbellí Julián Muñoz y seis exediles asumieron los hechos por los que se les acusa en relación con delitos contra la ordenación del territorio en este caso. El resto de procesados, entre los que está el cerebro de la trama de corrupción marbellí del caso ‘Malaya’, Juan Antonio Roca, no mostraron su conformidad.
Anticorrupción acusa a Muñoz de dos delitos contra la ordenación del territorio y uno de fraude. El exregidor dijo que “no sólo me conformo, sino que como ya he manifestado en otras ocasiones me arrepiento de los hechos cometidos”, volviendo a pedir perdón. También ha solicitado que se le exima de acudir a todas las sesiones por su estado de salud.
En las sesiones celebradas, las defensas plantearon nulidades por vulneración de derechos fundamentales, como el de defensa o a un juicio justo; y cuestionaron la instrucción desde el inicio y la forma de obtener pruebas, además de alegar prescripción de delitos. Por contra, la Fiscalía Anticorrupción defendió la investigación “pulcra y exquisita” llevada a cabo.
Los delitos que se juzgan en la causa
En esta causa se acusa por los delitos de fraude, contra la ordenación del territorio, contra la Hacienda Pública, cohecho y falsedad documental. Además de a Muñoz, Roca –para el que se piden ocho años de cárcel– y seis exediles, se juzga a dos abogados de un despacho, que representaron los intereses económicos del matrimonio Connery en Marbella, un empresario y varios asesores fiscales.
La causa se inició por la querella de la Fiscalía Anticorrupción, tras un informe emitido por el Tribunal de Cuentas. Inicialmente, se investigaron los convenios de recalificación del Ayuntamiento con las sociedades Malibú S.A. –propietaria del chalé de los Connery– y By the Sea –que tenía las fincas colindantes a la anterior–, sobre los que se sustentó la promoción inmobiliaria de 72 viviendas, denominada Malibú, cuya construcción finalizó en 2005.
Posteriormente, la investigación se amplió a las operaciones financieras realizadas sobre la promoción para la venta de los apartamentos a través de un entramado societario, en las que supuestamente habrían intervenido abogados del despacho marbellí acusados y que representaron los intereses económicos del matrimonio en Marbella.
El fiscal indica en su escrito provisional, al que tuvo acceso Europa Press, que en comisiones de gobierno del Ayuntamiento en 2002 se acordaron conceder licencias de obras al proyecto presentado por By The Sea para la construcción de 72 viviendas y garajes. Los entonces concejales acusados concedieron estas autorizaciones “con plena conciencia de su ilegalidad”.
El fin era, según el escrito de conclusiones iniciales de la acusación pública, “favorecer económicamente a la entidad promotora”, siendo Roca el que “diseñó toda la operación para obtener un enriquecimiento económico propio y de terceros” junto con los abogados y los asesores acusados.
La nueva configuración urbanística de los terrenos suponía “un notable incremento en la edificabilidad” y debido a las “deficiencias en la determinación de los excesos de aprovechamiento y por aplicación de precios no ajustados a los de mercado”, el perjuicio para las arcas municipales fue de 2,7 millones de euros.
El fiscal sostiene que “la contrapartida concertada” por Roca con los asesores acusados se concretó en la reserva de dos apartamentos del conjunto Malibú, aunque la detención de éste por la operación ‘Malaya’ “truncó la disponibilidad” de los pisos. Asimismo, acusa a los representantes de las sociedades acusados de idear “un mecanismo defraudatorio que permitiera evadir el pago de impuestos –como la declaración de pérdidas ficticia–, además de colocar sus ingresos fuera del país a disposición de los socios”
