Sirva el titular de este artículo de opinión para ilustrar el marrón como sinónimo del quebradero de cabeza que se le vino encima al equipo de gobierno municipal (PP-OSP) el día que Marbella Confidencial, tras una investigación periodística, desveló las intenciones que tenía el bipartito de hacerle un favor al alcalde amigo de Estepona, el conservador José María García Urbano. Querían comprarle el edificio donde se asienta la delegación de Urbanismo. Un inmueble maldito, porque fue edificado de forma ilegal gracias a los gobiernos del GIL, y se convirtió en uno de los primeros precintados por la Comisión Gestora que rigió el Consistorio marbellí entre 2006 y 2007, tras ser disuelto a raíz de la llamada ‘operación Malaya’ por corrupción.
Lamentable, por no decir bochornoso, fue el papel desempeñado poco después por la edil delegada de Ordenación del Territorio (antes Urbanismo), Kika Caracuel, que salió sin éxito a tratar de apagar el fuego, otro marrrón más de los muchos que ha tenido que afrontar en su dilatada carrera política. Habló con bastante inseguridad de “un expediente de expropiación”, para eludir la palabra “adquisición” o “compra”. Llegó a decir, en el marco de una tomadura de pelo global a los periodistas, que no conocía a los propietarios de Nuevos Aires 2002 S.L., la empresa que comparte García Urbano con el prófugo condenado en ‘Malaya’, Juan Hoffmann, y el conocido constructor Bonifacio Solís. Luego se ha confirmado que presentaron una tasación por 7 millones de euros, como para no conocer a los propietarios…
Desde el primer momento sorprendió la urgencia a la hora de comprar el edificio, puesta de manifiesto por la propia alcaldesa, Ángeles Muñoz, en unos documentos que este medio digital publicó también en exclusiva el día que dio a conocer este oscuro caso.
Llueve sobre mojado en cuanto a favorecer los intereses del alcalde de Estepona, desde Marbella, porque cabe recodar que durante el anterior mandato de Ángeles Muñoz (2011-2015) el Consistorio ya indemnizó a la sociedad de García Urbano con más de 200.000 euros, a modo de compensación, tras un insólito informe jurídico que recogía que cuando firmaron el convenio urbanístico con el entonces alcalde accidental, Julián Muñoz, hubo un enriquecimiento injusto a favor de las arcas municipales y los promotores pagaron de más. Se trataba, sin duda, de un asombroso precedente, por cuanto todos los informes del Tribunal de Cuentas sobre la etapa GIL indican lo contrario: Marbella siempre salió perjudicada y se produjo un enorme perjuicio económico-patrimonial.
En virtud del polémico acuerdo entre el gobierno del PP y Nuevos Aires 2002 S.L. la mercantil, tras ser indemnizada, cedía al Ayuntamiento tres plantas del edificio (tiene planta baja más siete y aparcamiento subterráneo, así como locales comerciales) donde actualmente se ubica Urbanismo.
Entre el 24 de octubre y el pasado lunes 12 de noviembre, cuando de forma forzada el concejal de Hacienda y Patrimonio, Manuel Osorio (OSP) anunció, a preguntas de los periodistas, que la operación quedaba aparcada, se han publicado numerosas informaciones, entre ellas dos exclusivas más de este medio. La primera, la relación entre García Urbano y Hoffmann en otra sociedad inmobiliaria. La segunda fue una foto, que como se suele decir vale más que mil palabras. Ahí estaban el alcalde de Estepona y el citado edil marbellí en Londres, reunidos de tapadillo, a escondidas. Tan alejados del stand de la Costa del Sol que se metieron en el de la Comunidad de Valencia. Hubo tensión entre ellos, doy fe de ello porque hice la foto, aunque no pude escuchar lo que se decían, pero posiblemente García Urbano preguntaría aquello de “¿qué hay de lo mío?”.
De todo este asunto se pueden extraer varias conclusiones. La primera es que, afortunadamente, el pueblo de Marbella no le va a comprar su edificio al alcalde de Estepona, habiendo otras prioridades presupuestarias. La segunda es cómo pudo cometer Ángeles Muñoz esta torpeza a siete meses de las elecciones, con el coste político que tuvieron para ella otros escándalos en campaña, como el de las lindes con Benahavís, ahora parece que zanjado.
Está claro que la presión mediática y política, especialmente desde el PSOE e IU ha pesado y mucho para esta marcha atrás. Dentro de la torpeza cometida por Ángeles Muñoz resultaba especialmente estridente que justo cuando ella presume de haber recuperado bienes y fondos provenientes de casos de corrupción se le fuera a comprar un edificio a una sociedad participada por un condenado en ‘Malaya’.
No menos relevante es el hecho de que Caracuel ha sido cazada en una mentira: dijo que había un expediente de expropiación y luego Osorio aseguró que no existía tal documento. Aún faltando piezas por encajar en este asunto, tan falto de transparencia, lo que sí se ha evidenciado con claridad es que quien parecía tener el mayor interés en la compra del edificio era el concejal de Patrimonio, Manuel Osorio, a diferencia de la alcaldesa y Caracuel. Esta última edil apuntó hacia el concejal de OSP cuando compareció por primera y única vez para hablar de este ‘marrón’. Luego se ha visto que Muñoz no estuvo nada cómoda cuando se le pidieron explicaciones en rueda de prensa junto a Osorio.
Algún medio de comunicación parecer estar más interesado en desvincular al exteniente de alcalde de Marbella Pedro Román de la propiedad del edificio (su testaferro era Hoffmann), porque consiguió que se levantaran los embargos sobre una serie de pisos en el polémico edificio de la calle Alonso de Bazán. Pero lo más grave es que fue el propio Ayuntamiento de Marbella, bajo gobierno del PP, el que pidió que se anularan los embargos, según el mismo medio que soslayaba este aspecto entre líneas. Curiosa actuación la de la asesoría jurídica municipal que dirigía Enrique Sánchez, a su vez miembro del Comité Ejecutivo del PP local, después de que la Policía Nacional y la Agencia Tributaria habían conseguido “levantar el velo”, como se denomina a poder determinar que Hoffmann era un mero hombre de paja de Román.
Cabría preguntarse qué hacía una administración municipal, que ya tenía a buen recaudo bienes embargados de un condenado por corrupción como Román, pidiéndole a la autoridad judicial que levantara las trabas, porque había llegado a la conclusión de que los bienes no eran del exbrazo derecho de Jesús Gil.
Conviene recordar, y este medio lo publicó en su momento, que García Urbano libró una batalla judicial para levantar dichos embargos, porque tanto él como su otro socio, Bonifacio Solís, se veían perjudicados. Lo curioso es que el Ayuntamiento de Marbella, gobernado por el PP, insisto, se sumara a la petición del citado regidor esteponero del mismo partido, a pesar de que iba contra los intereses generales de los ciudadanos marbellíes.