“El nuevo PGOU parte de la realidad existente”. Esta frase de la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, resume la idea principal que proyecta el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) cuyo avance se aprobará en Pleno el 29 de julio. Así pues, se legalizará todo el suelo urbano consolidado y no se imponen cargas a los inmuebles irregulares.
Se rompe así por completo con el esquema trazado por el anterior PGOU de 2010, que fue anulado por el Tribuna Supremo (TS) en noviembre de 2015, precisamente por el sistema de compensaciones que planteaba y que recurrieron tres sociedades con éxito hasta conseguir tumbarlo. Se trataba de una mercantil del todopoderoso Tomás Olivo, que explota los suelos al norte de La Cañada, y de otra sociedad gibraltareña con intereses en el municipio, tal y como informó en su día Marbella Confidencial, al margen de un tercer recurrente
Muñoz ha comparecido este lunes en rueda de prensa, tras la habitual junta de gobierno local semanal, acompañada de la edil delegada de Urbanismo, Kika Caracuel, y del director general del equipo redactor del Plan, José María Morente. Ninguno de los dos ha intervenido para tomar la palabra.
La alcaldesa ha querido marcar distancias en todo momento con el PGOU de 2010, tutelado por la Junta de Andalucía, administración a la que Muñoz siempre ha culpado de aquella anulación, a pesar de que el Ayuntamiento de Marbella, por ella presidido, tuvo un gran margen de maniobra y capacidad de aportación para influir en el entonces arquitecto redactor, Manuel González Fustegueras.
“Son líneas estratégicas que marcan un documento como es el Avance del Plan, partiendo de la realidad existente, a diferencia de un Plan tuteado por la Junta que imponía unas cargas en 2010 y que pretendía ser ejemplarizante”, ha expuesto Muñoz sobre las viviendas ilegales.
Ni que decir tiene que ni por lo más remoto se derribará edificio alguno, ni siquiera la aberración urbanística que supone en sí mismo el complejo de pisos ‘Banana Beach’ al lado del famoso arco de Marbella y que se convirtió en el paradigma del delito urbanístico, porque supuso la primera condena firme contra el exalcalde Julián Muñoz, entre otro exediles del GIL.
“Pretendemos que sea un Plan que se pueda ejecutar y mantenga un modelo de ciudad jardín”, ha esbozado la regidora sin olvidar que también parten de “algunas muy buenas soluciones que daba el Plan de 2010 para hacer el mejor Plan”.
El “tercer punto” importante que se mantiene son los indicadores ambientales, algo que para Muñoz es una seña de identidad de marbella con respecto a otras ciudades, al disponer de un “mayor número de áreas verdes y metros cuadrados por habitante”.
El avance que se llevará a Pleno en unos días “hace un guiño claro en cuanto a flexibilidad en los usos del suelo”, algo que para la alcaldesa “es complicado en el Plan del 86”, sistema por el que se rige a día de hoy la ciudad.
En el documento se refleja también “una apuesta por el mantenimiento de los dos cascos históricos”, así como “recoger los futuros desarrollos de todo tipo de viviendas”.
Lo que ha querido dejar claro la primera edil marbellí es que este avance del PGOU “no supondrá la paralización de las licencias”.