Menos de 24 horas después de que se conocieran las demoledoras conclusiones de la comisión de investigación parlamentaria sobre la Faffe, que apunta a responsabilidades políticas de tres expresidentes socialistas andaluces, el PSOE-A que lidera Juan Espadas ha dado a conocer una denuncia, presentada ante la Fiscalía Anticorrupción, por medio de la cual eleva al Ministerio Público más de 4.000 contratos laborales ‘exprés’ de la Junta de Andalucía, gobernada por Partido Popular y Ciudadanos. Las contrataciones se llevaron a cabo por el procedimiento de emergencia durante los peores tiempos de la pandemia –durante la primera ola en 2020– para reforzar con personal interino aquellas plantillas de la administración autonómica que estuvieran más necesitadas.
Ha sido la portavoz parlamentaria del Grupo Socialista, Ángeles Férriz, la encargada de dar a conocer este martes en rueda de prensa la actuación judicial emprendida por el principal partido de la oposición contra el Gobierno que preside Juanma Moreno y dirigida contra los consejeros de Presidencia, Elías Bendodo, y Hacienda, Juan Bravo. La mano derecha de Juan Espadas en la Cámara autonómica ha hablado de “presunta prevaricación” sobre los más de 4.000 contratos “realizados a dedo con la excusa de la pandemia”.
A juicio de la también vicesecretaria general socialista se ha vulnerado “la libre concurrencia, el mérito, la capacidad y la igualdad en el acceso de la administración” que marca la Constitución, “cambiando el criterio de contratación del más y mejor preparado al más y mejor avisado”, ha denunciado ante los periodistas desde la sede regional del PSOE andaluz en Sevilla.
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