“Queremos investigar toda la contratación de emergencia de 2020, 2021 y toda la que de manera sorprendente se siguió haciendo de tal forma en 2022″. Este es el anuncio que ha hecho este miércoles el portavoz parlamentario adjunto del PSOE-A,Mario Jiménez, al poner bajo sospecha decenas de miles de contratos urgentes llevados a cabo por la Junta de Andalucía, desde que hace justo ahora dos años comenzara el estado de alarma por la pandemia de covid-19.
Jiménez, que ha comparecido en rueda de prensa en en el Parlamento en las horas previas a la comparecencia del consejero de Hacienda, Juan Bravo, del Partido Popular, ha asegurado que el 90% de los más de 17.000 contratos de 2020 (en su mayoría sanitarios) fueron menores. El monto total fue de 979,8 millones euros. Este parlamentario opositor denuncia que el Ejecutivo autonómico, conformado por conservadores y liberales, continuó con la vía de urgencia una vez ésta fue derogada por el Gobierno central y notificada por la Consejería de Hacienda al resto de consejerías.
El citado cargo socialista, que se basa en un informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía sobre el ejercicio 2020, señala que manejan “cifras que marean” en relación con el volumen de contratación de emergencia desarrollada desde marzo de 2020 hasta ahora, “a pesar de que el Gobierno de España ya determinó que los motivos que justificaban la contratación de emergencia habían concluido, al haberse disipado las condiciones de mercado”, en alusión a las dificultades generadas al comienzo de la pandemia para encontrar los suministros demandados.
Concretamente, fue el 4 de mayo de 2021 cuando se aprobó un Real Decreto del Gobierno de Sánchez en el que se declaraba que ya no estaba en vigor la autorización de los contratos de emergencia, por lo que se derogaba la directriz que comenzó a regir estos procesos administrativos desde marzo de 2020, al comienzo de la pandemia, ha preciado Jiménez.