Imagen de la entrada a la urbanización sujeta a demolición por el TSJA
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ordenado la demolición de 48 viviendas ubicadas en la urbanización La Loma de Gualdamina Baja (Marbella). Así lo ha dado a conocer el portavoz del equipo de gobierno municipal, Félix Romero, este martes tras la junta semanal del Ejecutivo que preside Ángeles Muñoz.
La información ofrecida por el también primer teniente de alcalde se ha producido después de una pregunta de Marbella Confidencial. Concretamente, este medio digital ha preguntado a Romero sobre un expediente que la propia alcaldesa había llevado a la junta de gobierno local.
En el orden del día simplemente se informaba del enunciado acerca de la “ejecución de sentencia firme”, por la vía de lo contencioso administrativo, en función de un procedimiento judicial que proviene de 1999, si bien no se especificaba nada en cuanto a los derribos ordenados por el alto tribunal andaluz.
Romero ha precisado que se trata de una resolución judicial de “la época GIL”, en alusión a las numerosas viviendas ilegales edificadas durante los gobiernos del polémico alcalde Jesús Gil y sus sucesores, Julián Muñoz y Marisol Yagüe.
“Acatamos esta sentencia”, ha dejado claro Romero. No obstante, el edil del PP no descarta llegar a otras vías de solución para no perjudicar a “terceros de buena fe”, que pasaría por una “compensación” económica a los mismos.
Sostiene el portavoz gubernamental que “el Ayuntamiento inicia el expediente para dar trámite a la ejecución de sentencia, teniendo en cuenta todas las peculiaridades que están en torno a la misma”.
Romero añade que solicitarán “todos los informes pertinentes a todas las delegaciones que están de alguna forma dentro de la tramitación y ver de qué forma se puede dar satisfacción a esa sentencia en sus justos términos y sin que genere tampoco mayores perjuicios al mayor general de los ciudadanos”, señala el concejal sobre los llamados “terceros de buena fe”, residentes en las viviendas sujetas a demolición.
Por su parte, el delegado de Urbanismo, José Eduardo Díaz, ha dicho desconocer este procedimiento en su integridad, si bien da por hecho que todas las viviendas (48 a demoler) están habitadas.
“A veces se generan situaciones de imposibilidad de ejecución”, ha expresado Romero sobre la hipótesis de que no se lleve a cabo la demolición ordenada por el TSJA. “A veces una sentencia genera más perjuicio ejecutándose que buscando un resarcimiento para las personas que, en un momento dado, hayan podido ser perjudicadas”, ha opinado el portavoz.
Cabe recordar que Marbella heredó más de 30.000 vivienda ilegales de los gobiernos del gilismo y nunca se ha demolido una sola construcción de este tipo.
