En la imagen cinco profesores universitarios que han participado este martes en la presentación del informe sobre los CIES en Málaga. FOTO/ EP
Profesores de siete universidades españolas han presentado este martes, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga (UMA), el informe ‘Razones para el cierre de los CIE: Del reformismo a la abolición’, en el seno del Observatorio del Sistema Penal ante la Inmigración (Ocspi), en el que han expuesto las razones para demostrar que los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), tras 30 años de vigencia, son un “instrumento fracasado de la política migratoria europea”, por lo que solicitan su cierre.
Frente al anuncio del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, en abril de 2017, de la intención de construir tres nuevos CIE en el país, estos académicos consideran que “lejos de construir nuevos CIE, hay que acabar definitivamente con ellos”.
En esta presentación han participado la profesora titular de Derecho Penal y Criminología de la UMA y directora del Ocspi, Elisa García-España; el catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia Javier de Lucas; la catedrática de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid Margarita Martínez; el profesor de Derecho Penal de la UMA, Alberto Daunis; y el profesor de Derecho Penal de la Universidad de Cádiz Diego Boza.
Además, en la elaboración de este informe también han colaborado el profesor titular de Derecho Penal de la Universidad Rey Juan Carlos, José Miguel Sánchez; el profesor titular de Derecho Penal de la Universidad de la Coruña, José Ángel Brandariz; y el profesor de Derecho Penal de la Universidad Comillas de Madrid, Julián Ríos.
Desde el ámbito académico, estos expertos han pedido el cierre definitivo de los centros de internamiento de extranjeros tras 30 años de vigencia. Parten de la idea de que “no son más que una muestra de la actitud hostil” que Europa tiene “hacia las personas inmigrantes más desfavorecidas”.
Algunas de las razones en las que se basa la petición es que “el encierro en CIE es una medida desproporcionada” y que es “inconstitucional porque vulnera el derecho fundamental a la libertad”. Además, incide en que los extranjeros que delinquen “no deben estar en un CIE sino en prisión”.
Asimismo, han asegurado que “no garantizan las condiciones mínimas de dignidad y seguridad” porque están ubicados en antiguas prisiones y cuarteles que “no están en condiciones de ser habitados”.
Otra de las razones alegadas es que “la falta de transparencia” en los CIE “coloca en una situación de riesgo a las personas allí internadas, habiéndose producido una larga historia de lesión y vulneración de derechos” y que esconden “situaciones de grave vulnerabilidad”.
Además, el informe recoge que los CIE “no son eficientes”, ya que en 2016 el 71 por ciento de las personas encerradas no fueron expulsadas, a la vez de “costosos”, ya que cuestan unos “ocho millones de euros al año”.
También han manifestado que estos centros son “éticamente ilegítimos, ya que “la privación de la libertad del extranjero por el mero hecho de ser pobre supone una de las mayores aberraciones del siglo XXI” y que “existen alternativas viables” como el retorno voluntario asistido.
Los expertos han concluido señalando que la desaparición de los CIE no producirá ningún efecto negativo en la actual política de control de la inmigración irregular, sin embargo, supondría un triunfo de los derechos humanos y marcaría una tendencia hacia el uso de medidas más humanas en el control de la inmigración.
Observatorio del sistema penal ante la inmigración
El Ocspi fue constituido a finales de 2015 con el objetivo de servir, desde una perspectiva criminológica, como observatorio de las prácticas del sistema penal ante la inmigración.
La iniciativa surgió del Instituto de Criminología de la Universidad de Málaga y se enmarca dentro del proyecto de excelencia (SEJ 1489) ‘Delincuencia de inmigrantes asentados en España’, financiado por la Junta de Andalucía para el período 2014-2017, cuyo objetivo principal es profundizar en la respuesta del sistema penal a inmigrantes víctimas, delincuentes y sospechosos.
Entre sus funciones están desarrollar investigaciones criminológicas que favorezcan una mejor comprensión de la delincuencia cometida por inmigrantes y un mejor conocimiento científico sobre la eficacia de la respuesta penal ante ella; impulsar una red de expertos que permita aunar conocimientos; formar y sensibilizar a los agentes de control social para promover un sistema penal más justo y eficaz; y aportar buenas prácticas en los diferentes ámbitos de actuación del sistema penal.
