El exalcalde de Marbella Julián Muñoz a la salida de la cárcel recibido por sus dos hijas. FOTO/ Francisco Silva (Europa Press)
La Fiscalía de Málaga y el letrado del exalcalde de la localidad malagueña de Marbella Julián Muñoz insisten en que se debe conceder la libertad condicional anticipada a éste. Así, la Audiencia tendrá que resolver los recursos presentados por ambas partes contra la decisión del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de denegar dicha libertad.
Así, el ministerio fiscal sostiene en su escrito que el tipo de tercer grado concedido a Muñoz, por una enfermedad grave con padecimientos incurables, tiene un carácter “meramente instrumental como paso previo a la libertad condicional” y apunta que no es necesario que la enfermedad sea terminal para la concesión de la libertad condicional.
Se remite a los informes médicos que constan en el expediente de liberta condicional y apunta que la estancia en un medio familiar y social “coadyuva a aliviar el sufrimiento en la última fase de la vida”, al tiempo que se incide en que no existe en el Centro de Inserción Social (CIS) “infraestructura para la asistencia sanitaria del interno”.
El ministerio público incide en la “baja peligrosidad y dificultad para delinquir” actual del exregidor marbellí, reiterando las reglas de conducta solicitadas en su día, las cuales “cubrían la asistencia médica necesaria”. Además, se añade la posibilidad de poder variar su situación penitenciaria en caso de incumplimiento tanto de las reglas como de los requisitos exigidos.
En el caso del escrito del abogado de Muñoz, al que ha tenido acceso Europa Press, estima que la resolución del juez en la que rechaza conceder la libertad condicional “omite completamente analizar los requisitos que determinan la concesión o no de ésta por causa excepcional de enfermedad muy grave e incurable”, e introduce “un requisito que la ley no prevé”.
Así, se considera que procede la libertad condicional, ya que de no hacerse “se vulneraría el derecho a la igualdad en la aplicación e interpretación de la ley”, coincidiendo con la Fiscalía en que no es preciso que el interno esté en estado terminal, pues “el requisito es que el entorno carcelario perjudique su salud”, recordando que el CIS es un centro penitenciario.
