Izquierda Unida ha denunciado este lunes que, según reconoce el Gobierno en una respuesta parlamentaria, los cientos de millones en bienes y dinero incautados a los culpables de la corrupción en Marbella hace 20 años aún no han sido reinvertidos en el municipio.
Así lo ha asegura la diputada malagueña Eva García Sempere, quien interrogó al Ejecutivo sobre esta cuestión el pasado mes de febrero. A través de una nota de prensa, García Sempere ha protestado por el hecho de que el Gobierno haya tardado 72 días en responder a su pregunta y de hacerlo con tan sólo 24 palabras.
“¿Qué acuerdos se han alcanzado o se están negociando entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública y el Ayuntamiento de Marbella para que el municipio malagueño pueda recobrar como equipamientos públicos o inversiones los bienes incautados en los procesos judiciales por corrupción relacionados con la ciudad, como los casos ‘Malaya’ y ‘Saqueo’?”, rezaba la cuestión registrada por la parlamentaria.
Desgana o incompetencia
El Gobierno le ha respondido “en línea y media” que “la situación es en la actualidad objeto de análisis, estudio y valoración”. Esta contestación, en opinión de García Sempere, evidencia la “desgana” del Ejecutivo “en cumplir con su obligación de facilitar información completa a los parlamentarios” o bien “la incompetencia administrativa de los máximos responsable de Hacienda”, lo que, recalca, “choca con la gravedad de este caso, sobre todo para los intereses de la ciudadanía de Marbella”.
“El Gobierno de Mariano Rajoy no sabe aún cuándo y cómo podrá el ayuntamiento recuperar buena parte de esos cientos de millones de euros y esto es así a pesar de que las acciones delictivas se perpetraron en gran medida hace más de dos décadas, las condenas son firmes hace años y algunos de los principales delincuentes están ya en libertad”, se queja García Sempere.
Este es el caso del ‘cerebro’ de la corrupción en Marbella, Juan Antonio Roca, que, según recuerda la diputada, llegó a sumar 35 años de condenas, pero sin haber cumplido 12 años de prisión ya ha accedido al tercer grado penitenciario, porque la Justicia aceptó acumular y refundir sus penas.
La diputada recuerda que, según distintas fuentes, el Ayuntamiento marbellí llegó a conseguir el embargo de hasta 170 propiedades y de cerca de 225 millones de euros pertenecientes a los encausados por corrupción en distintas causas.