La diputada de Unidos Podemos Eva García Sempere ha anunciado que solicitará la comparecencia del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, “para que se cuantifiquen e inventaríen de manera definitiva los bienes incautados en la operación ‘Malaya’, contra la corrupción en Marbella, y que se concrete un calendario para su devolución al municipio malagueño”.
“Tras 20 años de la operación ‘Malaya'” (realmente son 12 los transcurridos), García Sempere ha considerado la respuesta del Ministerio de Hacienda es “más que insuficiente”, ya que, a su juicio, “no se puede despachar en 24 palabras y tras 72 días de espera, una respuesta que no da contestación a las preguntas más trascendentales, básicas y que más preocupan a marbellíes”.
En este sentido, la diputada de IU por Málaga ha señalado que la pregunta es “¿cuándo y cómo se van a devolver a Marbella los bienes incautados, criticando, asimismo, “la actitud del ministerio como un desprecio permanente de los ‘populares’ a los diputados”.
“El Gobierno del PP no sabe cuándo ni cómo se van a devolver los bienes incautados”, ha reiterado García Sempere, asegurando que así queda constancia, según la diputada, “en la disposición 24 de los Presupuestos Generales, que usa y abusa del condicional, y en la que no se incluyen ni fechas ni montante, es decir, la pregunta de cuánto se le debe a Marbella está, después de 20 años, aún sin contestar”.
De igual modo, ha lamentado que “se da la paradoja de que aquellos que expoliaron las arcas de Marbella ya están en la calle y, sin embargo, la ciudadanía no ha tenido respuesta clara del Ministerio sobre el total de lo saqueado”.
Declaraciones del concejal portavoz de IU en Marbella, Miguel Díaz
Por su parte, para el coordinador de IU en Marbella, Miguel Díaz, todos los anuncios que ha realizado el PP en este sentido son “un castillo de naipes con interés electoral, han pasado dos décadas, 20 años, sin recuperar la deuda de la corrupción, provocada por el saqueo permanente de un ayuntamiento para el que Izquierda Unida pidió en hasta 13 ocasiones su disolución, lanzando un SOS hasta que 2006 la justicia actuó y el Ayuntamiento de intervino judicialmente”.
“El gilismo fue un fracaso del estado de derecho en lo político, en lo judicial y en lo social”, ha lamentado, al tiempo que ha señalado que “las respuestas del Ministerio además de vagas, señalan que no habrá cesión de las propiedades de los inmuebles incautados si no solo uso de los mismos, por lo tanto, tampoco pasarían a formar parte del patrimonio del ayuntamiento en ningún caso”, ha concluido.