Construcción del Centro de Innovación para el Bienestar Ciudadano (CIBIC) en el PTA.
El Juzgado de lo Penal número 11 de Málaga ha fijado para diciembre el juicio por las presuntas irregularidades en subvenciones a la Fundación para la Investigación del Bienestar Integral de los Ciudadanos (Fibic), en concreto, para un centro de innovación denominado Cibic; causa en la que la Fiscalía acusa a seis personas, entre ellas el exsecretario general de Universidades, Investigación y Tecnología Francisco Triguero y el director del Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), Felipe Romera.
Según han confirmado fuentes del caso, la celebración de la vista oral se ha previsto por el momento de los días 11 al 15 de dicho mes de diciembre.
La Fiscalía malagueña solicitó tres años de prisión para el exsecretario general de Universidades, Investigación y Tecnología, para el director del PTA y para otras cuatro personas, al acusarlos de un delito contra la Hacienda Pública de fraude de subvenciones. Además de la pena de cárcel, pidió a cada uno el pago de una multa de 2,5 millones de euros y como responsabilidad civil, que indemnicen a la Junta de Andalucía con esa cantidad.
Los otros acusados son el exrector de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), Juan Manuel Suárez Japón, y tres personas vinculadas a la fundación o a la tramitación de las subvenciones, según el escrito provisional del fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press.
La fundación se constituyó en 2007 y, con la finalidad específica de construir en unos terrenos del PTA dicho centro, recibió varias ayudas públicas tanto del Ministerio como de la Consejería de Innovación de la Junta de Andalucía. La adjudicación de la construcción del edificio se produjo en diciembre de 2008.
En 2010, según la acusación pública, la Intervención General del Estado realizó un informe financiero sobre la certificación de gastos relativa al Cibic, en el que proponía descertificar el importe de ayudas.
El fiscal dice que debido a la “grave situación” económica que tenía la fundación por dichos expedientes, unido a la paralización de las obras por la constructora, en una reunión del patronato, en septiembre de 2011, constituida por el presidente Felipe Romera, el vicepresidente Francisco Triguero, y el vocal Juan Manuel Suárez Japón, acordaron solicitar a la Junta una subvención excepcional de 11,5 millones de euros.
El ministerio público señala que parte se destinaría al pago de los reintegros y 4,9 millones a terminar parcialmente el edificio y otros aspectos. Una de las acusadas, tesorera de la fundación, remitió la solicitud, “sin que hiciera mención alguna a lo acordado de destinar parte a pagar los reintegros”.
Esa solicitud, indica el fiscal, tenía que ser tramitada por la Secretaría General de Universidades “de la que Francisco Triguero era secretario general”, encargándose los otros dos acusados de ello, que eran personal de la Consejería y que mantuvieron “un estrecho contacto” con la tesorera.
Al respecto, dice la Fiscalía, le remitieron un correo con modificaciones en la solicitud, por ejemplo retirando la mención a otras subvenciones ya obtenidas, “única manera de que la Intervención informara favorablemente a dicha subvención excepcional”. No obstante, el informe de la Consejería de Economía fue de disconformidad.
Ante esto, indica el ministerio público en sus conclusiones iniciales, en diciembre de 2011, la fundación decidió renunciar a la subvención reglada, “de la que ya había percibido 2,5 millones de euros”, lo que fue aceptado por resolución de Triguero, acordándose la devolución de la cantidad cobrada, solicitando en esa misma fecha una subvención excepcional, esta vez de 15,5 millones de euros, “volviendo a omitir” datos de otras ayudas.
Según el fiscal, “esta omisión fue fundamental para la resolución dictada por la Intervención”, que en enero de 2012 emitió informe de conformidad, lo que “permitió se dictara resolución de concesión de dicha subvención, tras autorizarse el gasto en Consejo de Gobierno, por el secretario general de Universidades, Francisco Triguero”.
Asimismo, se añade que si la Intervención hubiera sabido de otras ayudas “habría emitido informe de disconformidad” por vulneración de la normativa que prohíbe que el importe de la subvención, aisladamente o en concurrencia, supere el coste de la actividad; y en este caso, reseña la acusación, la subvención solicitada de 15,5 millones, junto a otras supondrían 19,4 millones de euros que “sobrepasa” el total de ejecución del proyecto que era 16,9 millones.
