El exalcalde de Marbella Julián Muñoz este lunes al iniciarse su declaración en la Audiencia de Málaga. FOTO/ Europa Press
El exalcalde de Marbella Julián Muñoz ha mantenido este lunes la misma versión que viene dando en todos los juicios sobre que firmaba todos los documentos que le ponían por delante sin saber el contenido. “No me daba igual, pero tenía que dar credibilidad a los técnicos”, ha declarado cuando ha sido preguntado sobre si no le importaba rubricar los expedientes sin leerlos.
La Sección Segunda de la Audiencia de Málaga ha acogido la primera sesión del juicio a Muñoz, al que fuera secretario municipal Leopoldo Barrantes y a siete exediles por presuntas irregularidades en el alquiler de varios locales del puerto deportivo de Marbella a una persona, también procesada. La Fiscalía acusa por delitos de malversación, prevaricación administrativa y falsedad, según el caso.
Según el fiscal, en 2000, un acusado solicitó alquilar unos locales por cinco años, dictando el exregidor un decreto para elevar a la comisión de gobierno el acuerdo de arrendamiento, utilizando un procedimiento “sin publicidad y concurrencia que beneficiaba al interesado, perjudicando los intereses del Ayuntamiento que se ve privado de considerar otras posibles ofertas más beneficiosas”.
El fiscal sostiene que no existió valoración de los locales y de las rentas acorde al mercado
La acusación pública sostiene inicialmente que “no existió valoración de los locales y de las rentas acorde al mercado”, haciendo Muñoz “una estimación unilateral que coincide básicamente” con lo propuesto por el interesado, pero que “contrasta frontalmente con el establecido para otros locales de la misma zona”, causando “un perjuicio a las arcas públicas”, cuantificado en 115.515 euros.
El exregidor ha insistido en que “jamás” negoció los parámetros, en este caso concreto, con esa persona interesada en los locales del puerto, al que ha dicho que no conoce. “Está mi firma como en cientos y cientos de papeles, lo llevo diciendo desde 1995”, ha reiterado Julián Muñoz, quien ha incidido en que él no elaboraba los contratos ni decretos y en que no se ha lucrado con este tipo de concesiones.
“Yo no tenía voluntad política, la voluntad política la tenía Jesús Gil, que era el alcalde, yo firmaba”, ha manifestado, apuntando que no sabe qué documentos son necesarios para este tipo de procesos y que no recuerda la documentación que había en el expediente. “Si un político, como yo era, no da credibilidad a los técnicos que son los que tienen los documentos…”, ha reiterado.
Asimismo, ha incidido en que no sabe quién negoció esos alquileres, “supongo que lo haría Gil o alguien de su confianza”, ha apuntado, señalando que el exalcalde marbellí “no quería el puerto deportivo”.
El papel del exsecretario de la Corporación
La acusación pública señala que el entonces secretario Leopoldo Barrantes hizo un certificado en el que aludía a la compra de los locales “faltando a la verdad por cuanto la titularidad correspondía a una sociedad municipal”. Al respecto, este acusado ha señalado que su firma en los decretos no suponía más que dar fe de que era el alcalde quien lo había hecho. Ha señalado que no sabe si hubo negociación con la persona interesada, a la que no conoce.
La Fiscalía añade que la comisión de gobierno que conoció estos asuntos, formada por los exediles acusados, “carecía de competencia para pronunciarse, ya que la titularidad de dichos locales la ostentaba esa sociedad municipal” y tampoco podía facultar al alcalde en la formalización del contrato con el arrendatario, que cedió ese derecho y “prácticamente no había satisfecho pago alguno de renta”.
Malversación de caudales y prevaricación administrativa son las acusaciones contra el exregidor
El fiscal acusa a Muñoz de los delitos de malversación de caudales y de prevaricación administrativa, solicitando cuatro años y medio de prisión y 16 años y seis meses de inhabilitación. Al exsecretario le acusa de esos mismos delitos y de otro de falsedad, solicitando que se le impongan ocho años y medio de cárcel.
A los exediles sólo se les acusa por un delito de prevaricación administrativa, pidiendo penas de inhabilitación; y al que alquiló los locales por malversación como cooperador necesario, solicitando tres años de prisión. En cuanto a la responsabilidad civil, se insta a que los acusados indemnicen solidariamente al Ayuntamiento con 115.515 euros por la renta que no percibió y 24.401 por lo pendiente.
La vista se iba a celebrar en noviembre pasado, pero se aplazó. Esta causa partió de la querella de la Fiscalía Anticorrupción, que se dividió en varios procedimientos, a raíz de un informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas del Ayuntamiento y sociedades municipales, que, entre otras cuestiones, analizaba las valoraciones de bienes inmuebles municipales y los convenios firmados.
