El actor Sean Connery junto a su mujer, Micheline, en una imagen de archivo
El Juzgado de Instrucción número de Marbella ha acordado reiterar la comisión rogatoria a Las Bahamas para informar a la mujer del actor Sean Connery de la apertura de juicio oral y de los escritos de acusación por un delito contra la Hacienda pública, ya que aún no han podido ser comunicados personalmente a ella estos documentos, como marca la ley.
Así lo han asegurado a Europa Press fuentes judiciales, quienes han apuntado que esto se produce tras solicitarlo la Fiscalía Anticorrupción, al haber sido negativa la primera comisión rogatoria remitida a las autoridades de Bahamas a través de los departamentos correspondientes del Ministerio de Justicia.
En esta ocasión, por parte del juzgado instructor se ha precisado que se trata de un tramite “imprescindible” para el desarrollo de la causa el que se lleve a cabo dicha comunicación personal a la acusada, según han manifestado las mismas fuentes.
La primera comisión rogatoria tramitada por el juzgado para comunicarle este trámite a la mujer de Connery no se cumplimentó por parte de las autoridades de dicho país; tras lo que el instructor decidió dar traslado a las partes acusadoras para que se pronunciaran sobre qué hacer en este punto de procedimiento.
Dicho juzgado acordó el 26 de noviembre del pasado año la apertura de juicio oral contra la mujer del actor escocés, acusada en una pieza separada del caso ‘Goldfinger’ por un delito contra la Hacienda Pública, por el que el fiscal pide dos años y medio de prisión.
En esa resolución se precisaba que como la acusada tiene su residencia en Las Bahamas, resultaba necesario acudir al auxilio judicial internacional para llevar a efecto notificación del proceso mediante la comisión rogatoria, dándose un plazo para que ésta fuera cumplimentada.
Se precisaba que transcurrido el plazo sin haber sido ejecutada la comisión, “continuaría el proceso por los trámites establecidos en el artículos 784.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”, sin perjuicio de que se diera traslado al fiscal para que informara “sobre la pertinencia de emisión de órdenes de detención a nivel internacional”. En este trámite, el ministerio público pidió que se reiterara la comisión rogatoria y así se ha acordado ahora.
Anticorrupción acusó a la mujer de Connery como cooperadora necesaria de un delito contra la Hacienda Pública por defraudación del Impuesto de Sociedades, solicitando, además de la prisión, multa de 23 millones de euros, escrito al que se adhirió el Ayuntamiento de Marbella. La Abogacía del Estado, por su parte, pidió seis meses de cárcel y multa de 7,6 millones de euros, acusándola como cómplice.
La acusación pública considera que “se prestó” a colaborar con los principales imputados del caso ‘Goldfinger’ –del que ya hay sentencia, aunque no es firme– para formalizar “negocios jurídicos ficticios” que permitieron “ocultar” a la Agencia Tributaria las ganancias obtenidas en la venta de una promoción de apartamentos de lujo. La cantidad defraudada se estima en 7,6 millones de euros.
Así, se realizaron varias operaciones, dice el fiscal, procurando permanecer “lo más oculta posible”, de compra y venta de acciones, actuando a través de sociedades, como Agapanto o By the Sea. De hecho, en el apartado de la responsabilidad civil es en el que el juez requirió a la mujer de Connery, “como beneficiaria última o administradora de de dichas empresas”, a que preste fianza de 10,2 millones.
