Carlos Fernández custodiado por dos agentes de la Policía Federal Argentina tras su detención. FOTO/ Policía Federal Argentina
Un juzgado argentino acoge este miércoles una vista sobre la extradición del exedil Carlos Fernández, que ha estado fugado once años desde el inicio de la operación ‘Malaya’ y fue detenido el pasado mes de septiembre en Argentina.
Así lo han asegurado a Europa Press fuentes de su entorno, quienes han apuntado que el tribunal decidirá días después sobre dicha extradición. Fernández estará representado por letrados argentinos.
La vista, que no es pública, está fijada para las 09.30 hora local –es decir, 13.30 hora de España– en el Juzgado Federal 2 de San Juan.
El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá, acordó remitir a las autoridades de Argentina un total de seis expedientes de solicitud de extradición de Fernández por la presunta comisión de diferentes delitos durante su actividad como concejal del Ayuntamiento de Marbella.
La primera de estas solicitudes de extradición, según el Ministerio de Justicia, se fundamenta en la petición de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y hace referencia a la comisión de presuntos delitos de malversación de caudales públicos y falsedad en documento mercantil. Los hechos se refieren a su actividad como concejal en el Ayuntamiento de Marbella durante los gobiernos con mayoría absoluta del Grupo Independiente Liberal (GIL) en las legislaturas de 1991, 1995 y 1999.
Las restantes cinco ampliaciones de la solicitud de extradición corresponden a tres juzgados de instrucción de la localidad de Marbella. Así, el número 5 de dicha localidad ha presentado dos solicitudes de extradición por delitos contra la ordenación del territorio y por cohecho. En el primero de los casos el reclamado está acusado de votar de forma favorable en 2003 por la concesión de licencias urbanísticas con plena conciencia de que eran contrarias a la normativa vigente.
En cuanto a la acusación de cohecho, Fernández Gámez como concejal marbellí habría recibido importantes sobornos monetarios del principal condenado en el caso malaya, Juan Antonio Roca, para obtener resoluciones favorables a sus negocios urbanísticos durante 2004 y 2005.
Por su parte, el Juzgado de Instrucción Número 1 de Marbella ha presentado otras dos solicitudes, ambas por delitos sobre la ordenación del territorio. En la primera de ellas, los hechos se remontan al 14 de abril de 2004, cuando se aprobó el proyecto de ejecución de la entidad Renta 95, S.L. para edificar nueve bloques de viviendas plurifamiliares, si bien el reclamado conocía la imposibilidad legal de dicha decisión al exceder la edificabilidad permitida en una zona calificada como “unifamiliar exenta”.
La segunda, corresponde a la aprobación el 5 de febrero de 2004 de otro proyecto similar de construcción de 42 viviendas unifamiliares por parte de la promotora TAU Tres, S.L., existiendo las mismas limitaciones normativas.
La última de las ampliaciones de solicitud de extradición corresponde al Juzgado de Instrucción Número 3 de Marbella por supuestos delitos de prevaricación administrativa, fraude en la contratación y falsedad en documento oficial cometidos el 1 de abril de 2004 como miembro de la junta de gobierno local.
En esa fecha se aprobó un supuesto proyecto de instalación eléctrica e iluminación del Puerto Deportivo de Marbella por un importe cercano a los 480.000 euros a través de un contrato ficticio con una entidad denominada Entidad Mapulsur S.L. En realidad, dichas obras habían sido ejecutadas con anterioridad a costa de las arcas municipales, creando así una apariencia administrativa inexistente para apoderarse de capitales públicos.
