Un jurado popular tiene previsto juzgar desde este lunes a dos agentes de la Policía Nacional en Marbella un hombre y una mujer, para los que la Fiscalía pide dos años de prisión –a cada uno– por, supuestamente, quedarse con un reloj valorado en 20 euros y con dos pares de zapatillas; objetos que había sido intervenidos en dos operativos policiales.
Según se indica en el escrito provisional de acusación del ministerio fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, los acusados fueron pareja durante 2013 y hasta abril de 2014, conviviendo en dicha localidad. Ella y otro agente no relacionado con estos hechos eran miembros del grupo de control de compraventa de joyas de la Brigada de Policía Judicial de Marbella.
Así, en una de las diligencias policiales practicadas se intervino un reloj, valorado en 20 euros, que imitaba a uno de marca; mientras que en otro operativo, la Policía se incautó de dos pares de zapatillas, una con valor de diez euros y la otra de 20 euros, según se desprende de las conclusiones iniciales emitidas por la acusación pública.
Estos objetos fueron depositados en unas dependencias policiales por los dos agentes, que tenían acceso bajo llave, a la espera de resolverse sobre el destino; pero, señala la Fiscalía, el hombre acusado, desde fecha no determinada, supuestamente “en su beneficio particular y con el consentimiento y colaboración de su pareja, vino disponiendo” de éstos.
En mayo de 2014, el procesado devolvió el reloj y uno de los pares de zapatillas, “sin que los acusados hayan devuelto el otro par”, según pone de manifiesto el ministerio público, quien apunta que las diligencias en las que se intervinieron esos calzados fueron archivadas y se acordó devolver a su propietario los efectos que le habían sido incautados.
Para el fiscal, se trata de un delito de malversación de caudales públicos, del que acusa a ambos policías nacionales, solicitando dos años de prisión, multa de 7.200 euros e inhabilitación para empleo o cargo público durante cinco años.
Además, deberán reintegrar al perjudicado las zapatillas que no fueron devueltas o indemnizarlo con 20 euros, cantidad de la que responde subsidiariamente el Ministerio del Interior.