Vista nocturna de Puerto Banús. Foto/ web Puerto José Banús
Un juzgado de lo Penal tiene previsto juzgar la próxima semana a dos hombres, administradores de una empresa que explotaba un bar en Puerto Banús, en Marbella , acusados por un delito contra el medio ambiente por, supuestamente, superar el local los niveles de ruido permitidos. Se solicitan tres años de prisión para cada uno.
Según las conclusiones provisionales del fiscal, en 1999, con el inicio de la actividad, comenzaron las denuncias de los vecinos ante el Ayuntamiento, que, posteriormente, continuaron, sobre todo, en los fines de semana y las fechas vacacionales “perturbando la tranquilidad y bienestar” de los residentes en la zona.
Así, en el escrito inicial presentado en su día por la acusación pública, al que tuvo acceso Europa Press, se indica que uno de los propietarios de los apartamentos ubicados sobre el local de música realizó una medición en marzo de 2008 que dio como resultados que se superaban los niveles máximos en varios decibelios.
Asimismo, el ministerio fiscal señala en su calificación que un técnico del Ayuntamiento de Marbella también realizó mediciones, en este caso, en abril de 2009, con las que se comprobó que en el dormitorio de uno de los apartamentos se superaban los niveles en once decibelios.
En concreto, el día que se realizó la medición, “como todos los demás”, los acusados “apagaron el limitador, inutilizando voluntariamente el equipo controlador acústico” que tienen obligación de instalar y mantener en funcionamiento según la legislación, así como adoptar medidas de insonorización para evitar que la emisión sonora supere los límites.
El Ayuntamiento de Marbella de la época “no desplegó actividad alguna contra el ruido, pese a la existencia de la ordenanza sobre emisión y recepción”, señalando la acusación que la actividad del local afectaba a varias viviendas, sufriendo los dueños alteraciones “por un trauma acústico prolongado que impide el descanso nocturno”.
Este trauma o contaminacion acústica provoca “distintos efectos auditivos, fisiológicos y psicológicos y en los más perjudicados pudieran afectar a su actividad socio familiar y laboral”. Además, esos niveles de ruido causaron “malestar general al resto de vecinos ocasionales del edificio”.
Por estos hechos, se les acusa de un delito contra el medio ambiente por emisión de ruidos con riesgo grave para la salud de las personas, solicitando para cada uno de ellos la pena de tres años de prisión, multa de 12.000 euros e inhabilitación para gestionar establecimientos con música durante tres años.
También se insta a que indemnicen a los propietarios de dos de las viviendas por las molestias causadas desde 2006 y los perjuicios sufridos reiteradamente. El juicio, que se ha suspendido varias veces, está previsto en el Juzgado de lo Penal número 10 para el miércoles día 15.
