La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, adquirió en 2005 una casa en la costa oeste de Suecia, una zona turística descrita como “idílica” y “exclusiva” por medios de comunicación de aquel país, muy cotizada para las grandes fortunas escandinavas que pasan allí sus vacaciones de verano. La propiedad, una lujosa villa de casi 2.100 metros cuadrados de parcela, al borde del mar en la localidad de Skärhamn, con atraque y nueve dormitorios, fue adquirida por esta política del Partido Popular en 6 millones de coronas suecas (unos 600.000 euros de la época). En su declaración de bienes y patrimonio ante el Senado, prestada en 2019, al tomar posesión de su escaño por Málaga, Muñoz reflejó ser propietaria al 50% de dicho inmueble. En alguna otra declaración institucional ha valorado la casa en 250.000 euros (como proindiviso), así como en “151.200 euros” ante el Ayuntamiento. La realidad es bien distinta.
Vozpópuli ha accedido a las bases de datos oficiales del Registro de la Propiedad de Suecia. En esta fuente documental queda acreditado que Muñoz ha sido siempre la única titular del inmueble, inscrito el 16 de enero de 2006, tras comprárselo a los anteriores propietarios el 5 de diciembre de 2005. En la extensa documentación oficial consultada por este medio de comunicación no hay ni rastro de su marido, actualmente procesado por blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico, al igual que Joakim Broberg, hijastro de la regidora a quien el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón responsabiliza de ser uno de los jefes de esta trama sueca de tráfico de hachís y marihuana entre España y Suecia.
Ahora, tras conocerse que dicho inmueble sueco solamente es de la alcaldesa, la posición de la primera edil marbellí queda más comprometida si cabe: sus dos hijos biológicos, Christian y Alexander Broberg Muñoz, además de su marido, aportaron la dirección de la casa sueca de la también senadora cuando, en diciembre de 2019, comenzaron a figurar en la sociedad panameña Leslie Company Inc., tal y como desveló Vozpópuli el pasado 4 de noviembre.
El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón acusa a la citada mercantil panameña de haber blanqueado 232.000 euros en Marbella, mediante la compraventa de un inmueble en 2010 y con el hijastro de la alcaldesa como “beneficiario”.