La Sección Segunda de la Audiencia de Málaga ha ordenado este miércoles el ingreso en prisión de la tonadillera Isabel Pantoja, así como de María Teresa Zaldívar, ambas exparejas del exalcalde de Marbella Julián Muñoz. Todos ellos, junto a otras personas, fueron recientemente condenados por el Supremo, en sentencia firme, a diversas penas privativas de libertad y cuantiosas multas en el marco del llamado ‘caso blanqueo’, una pieza separada del macrosumario principal de ‘Malaya’.
En un auto de cinco folios de extensión, al que ha tenido acceso marbellaconfidencial.es, la Sala ejecuta la sentencia del alto tribunal y dispone el “cumplimiento voluntario” de la pena para la cantante, sentenciada a dos años de cárcel. De no hacerlo ella “se decretará su busca y captura e ingreso en prisión”.
También se le requiere para que en el plazo de diez días fijado proceda al pago de la multa de 1.147.148 euros que le fue impuesta por un delito de blanqueo de capitales.
Por lo que respecta a Maite Zaldívar, condenada a dos años y seis meses de prisión por un delito continuado de blanqueo de capitales, se le impone la misma obligación de ingresar voluntariamente en un centro penitenciario en el plazo establecido, así como el pago de 1,7 millones de euros de multa.
Paralelamente, el tribunal presidido por Federico Morales y del que forman parte las magistradas Carmen Soriano y María Luisa de la Hera, ordena adjudicar al Estado el piso de más de 113 metros cuadrados del que disfrutaba Maite Zaldívar en la céntrica Avenida Ricardo Soriano de Marbella, tasado en 2006 en más de 600.000 euros.
Dicho inmueble se encontraba a nombre de la sociedad Senior Servicios Generales Madrid S.L. propiedad del empresario José Miguel Villarroya Villar, condenado en esta misma causa a un año de prisión y multa de 122.000 euros por un delito de cohecho (sobornos en especie) al exalcalde Julián Muñoz.
Los inmuebles decomisados pasarán al Estado para ser subastados
En el auto de ejecución de sentencia también se entregan al Estado, tras su comiso previo en sentencia firme, dos garajes y trastero correspondientes a la citad vivienda. En el lote decomisado también se encuentran tres vehículos, en su día de alta gama, y una embarcación de recreo, modelo Sea Ray de 6,7 metros de eslora. Estos bienes eran propiedad del matrimonio Muñoz-Zaldívar a través de la citada sociedad, Senior Servicios.
El Estado pasa a ser titular de una vivienda en la localidad abulense de El Arenal, pueblo natal de Julián Muñoz, cuyas dimensiones no se especifican en la resolución judicial conocida este miércoles. El inmueble se encuentra a nombre de una de las sociedades utilizadas habitualmente por Maite Zaldivar. Se trata de Pavimentos Malacitanos S.L. También saldrá a a subasta, según fuentes judiciales consultadas.
Una de las incógnitas que deja el auto de la Sección Segunda es conocer quiénes fueron “fiadores” de la fianza que ya depositó la exmujer de Muñoz para lograr la libertad provisional, tras la primera sentencia. El tribunal advierte a la condenada que de no ingresar voluntariamente en prisión el dinero consignado en su día iría también destinado al Estado.
No menos relevante es el hecho de que el tribunal pretenda recuperar el dinero decomisado que “exista” en las cuentas bancarias de la entidad Meja Inc, tanto en España como en una entidad del Credit Suisse con sede en Gibraltar. Se trata de una sociedad constituida en el estado norteamericano de Delaware, considerado un pequeño paraíso fiscal, que sirvió para el blanqueo de capitales a Muñoz y los hermanos Maite y Jesús Zaldívar, éste último condenado a dos años y 6 meses de cárcel y multa de 1,2 millones.
La misma medida afecta a la cuenta “Damadenoche holding LTD”, abierta en el banco suizo Julius Baer y que llegó a tener depositados más de 800.000 euros de los hermanos Zaldívar, provenientes del exalcalde Julián Muñoz. Los jueces ordenan el desbloqueo de todas las cuentas bancarias una vez se recupere el dinero existente en ellas, atribuido a las actividades delictivas del blanqueo continuado.
Entre los condenados se encuentra el exempleado bancario del Julius Baer Fernando de Salinas, que deberá cumplir año y medio de prisión, con multa de 891.000 euros, así como el exdirector de la sucursal de Cajamar en Marbella utilizada por los hermanos Zaldívar, Benjamín Martínez. Éste último se enfrenta a un años seis meses y un día de prisión, además de multa de 510.977 euros.