Imagen de la Ciudad de la Justicia en Málaga, donde se han juzgado los hechos

La Audiencia de Málaga resolvió en 2016 un total de 8.644 asuntos penales, lo que supone un dos por ciento menos respecto al año anterior; mientras que en el orden civil fueron 4.214 asuntos, que significó un 13 por ciento más que 2015. Las nueve salas –incluida la de Melilla que tiene competencia mixta civil y penal– registraron 12.381 procedimientos nuevos.

Los asuntos ingresados en el orden penal se estabilizan en torno a los 8.000 y la cantidad de procedimientos resueltos “ha ido paralela también a lo largo del tiempo”, lo que ha permitido que la pendencia “no se dispare de manera alarmante”, según la memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), apuntando que la carga referencial “se ha superado”.

Así, el pasado año llegaron un total de 8.362 asuntos penales, un dos por ciento menos que el año anterior; y la carga penal de trabajo –total de asuntos pendientes de resolución del año anterior más los registrados en el año– ascendió a 9.620 asuntos, resolviéndose a lo largo de 2016 el 90 por ciento, según refleja el documento, presentado este miércoles.

Por secciones, el tiempo medio que tardarían en resolver los asuntos pendientes en relación con la actividad del último año va desde un mes en las salas primera, segunda, tercera, séptima –Melilla– y novena, a los tres meses de la octava. La media del número de asuntos ingresados supera el módulo de 316 asuntos por magistrado y año, dice el TSJA.

Al respecto, se indica que con 20 magistrados “se puede hablar de una plantilla algo más equilibrada desde 2015, tras incorporarse cinco jueces titulares, por lo que considera por el momento “una plantilla más que razonable”.

No obstante, ante la posible evolución estadística, unida a la problemática del orden jurisdiccional penal y “la complejidad de ciertas causas con incidencia importante tanto en las sesiones de juicio oral”, se sugiere la ampliación en dos plazas más “para posibilitar secciones funcionales en supuestos de juicios complejos y de larga duración”.

Para ello, la memoria indica que “sería también conveniente y acertado actualizar las clases de registro de asuntos y criterios de reparto, lo que, además de asegurar un mejor funcionamiento y predeterminación, ayudaría en momentos coyunturales de medidas de apoyo, planes de actuación, bajas laborales o reducciones de reparto”. Así, semanalmente, los asuntos se turnarían informáticamente de forma individual y sucesiva a cada magistrado.

Secciones civiles

En cuanto a las secciones civiles, en el último año se ha roto la tendencia al alza en la pendencia, debido a que “se resuelven más asuntos de los que ingresan, para lo que ha sido determinante el plan de refuerzo de cuatro magistrados en comisión de servicio”, dice el alto Tribunal andaluz. No obstante, los asuntos ingresados “continúan creciendo y superando el límite establecido de carga referencial”.

Así, en 2016 llegaron 4.019 asuntos, un siete por ciento más que el año anterior y, aunque se resolvió un 13 por ciento más de asuntos, la pendencia “continúa por encima de los 5.000” procedimientos. La carga total de trabajo fue de 9.693 asuntos y se resolvió un 43 por ciento. La cantidad de asuntos pendientes disminuyó en las secciones cuarta, sexta y séptima.

El tiempo medio está entre los dos meses de la Sección Séptima y los 21 de la quinta. El número de asuntos ingresados por cada uno de los 14 magistrados –a los que hay que sumar una en comisión de servicio– supera el módulo, considerando el TSJA que el problema “sigue siendo la bolsa de asuntos pendientes difícil de normalizar con el actual volumen de trabajo y la plantilla existente”.

Por esto, en 2016 se inició un plan de refuerzo consistente en comisión de servicio con relevación de funciones de tres magistrados más, iniciativa “que se considera imprescindible continuar en el tiempo hasta tanto se normalice la pendencia”, al tiempo que se propone el aumento de la plantilla “a muy corto plazo” con un juez más.

Asuntos pendientes en los Juzgados

En cuanto a los juzgados, los asuntos pendientes al final de año en los de primera instancia han aumentado respecto a los que había al principio en lo relativo a procesos contenciosos, de familia y capacidades; mientras que han bajado los procedimientos pendientes en los juzgados de instrucción.

Sobre los de primera instancia e instrucción, en la provincia malagueña hay 22. En Estepona, indica la memoria, “continúa la sobrecarga de trabajo especialmente en materia civil, por lo que sería necesaria la creación de nuevas plazas judiciales o, en su caso, mantener durante 2017 la adscripción de jueces como integrantes de medidas de refuerzo”. En los últimos años, los de Antequera, Torrox y Vélez-Málaga también ha superado el módulo referencial.

En los juzgados de lo mercantil y especialmente en los de lo contencioso-administrativo se ha producido una disminución de asuntos pendientes al final de año respecto a los que había al inicio; lo contrario que ha ocurrido en los juzgados de lo penal. En los de lo social también se ha reducido el número de procedimientos pendientes.

Los juzgados de violencia contra la mujer de la provincia recibieron 7.133 denuncias, de las que el 16 por ciento renunció a continuar el proceso. Se han adoptado 562 órdenes de protección que supone el 66 por ciento de las incoadas y se han dictado 128 sentencias condenatorias, que es el 35 por ciento del total de las resoluciones.

Sobre la ejecución de sentencias y resoluciones firmes penales, se registraron 15.557, se resolvieron 23.654 y quedan pendientes 16.256 ejecutorias; mientras que en el ámbito civil fueron 19.789 la que se iniciaron, 26.563 las resueltas y 71.256 las pendientes al final.

Nuevos órganos

El alto Tribunal andaluz propone la ampliación de las plazas judiciales en la provincia de Málaga en once, tanto para la Audiencia como para juzgados de distintos órdenes jurisdiccionales de la capital y de otros partidos judiciales.

Así, considera necesario crear tres plazas para la Audiencia, dos para el orden penal y una para el civil. Asimismo, se propone aumentar dos plazas en los juzgados de primera instancia y otra en los de familia, dos en los de primera instancia e instrucción de Estepona y una plaza en el orden mercantil, en lo penal y en lo contencioso-administrativo.