El fiscal jefe de Málaga, Juan Carlos López Caballero, en imagen de archivo. Foto/ J.C. Villanueva
La Fiscalía de Málaga sigue presentando “cifras muy elevadas” en cuanto a la labor investigadora preliminar, con un total de 524 diligencias de investigación penal iniciadas en 2016. Además, los fiscales malagueños emitieron 13.205 escritos de calificación en los distintos procedimientos penales.
Así consta en la memoria de la Fiscalía Superior de Andalucía, consultada por Europa Press, en la que se destaca “el incremento producido en las calificaciones efectuadas por la Fiscalía de Málaga y que se produce en todos los procedimientos penales”. Así, se pasó de 12.852 escritos en 2015 a 13.205 en 2016.
En cuando a la actividad investigadora preliminar, se incoaron 524 diligencias de investigación penal, cifra que supone un descenso del 5,8 por ciento respecto a 2015, cuando se iniciaron 556 investigaciones. De las incoadas en 2016, 180 fueron judicializadas y 295 se archivaron por considerarse que los hechos no eran delito.
En el año 2016 se incoaron en los juzgados de la provincia de Málaga un total de 106.751 diligencias previas, frente a las 221.225 del año anterior, según consta en dicha memoria, en la que se precisa que estos datos suponen “una disminución del 51 por ciento” de un año para otro.
Una reducción que, según el documento, “tiene su explicación, como señalan todas las fiscalías andaluzas, en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim)”. Los procedimientos abreviados sumaron 8.495 y los delitos leves fueron 3.203, frente a los 1.481 del año 2015, lo que representa un incremento del 116,3 por ciento.
Los procedimientos de la Ley del Jurado incoados en Málaga fueron 17, cifra muy similar a la del año anterior; mientras que las diligencias urgentes fueron 11.033, señala la memoria, en la que se destaca que la provincia de Málaga “presenta un incremento en la actividad de la Fiscalía en lo que respecta a juicios orales ante los juzgados de lo Penal”.
Los juicios ante estos órganos judiciales de Málaga en 2016 fueron 6.844, lo que supone un incremento del 0,9 por ciento respecto a 2015. Por contra, en los juicios ante la Audiencia Provincial tiene lugar una disminución, pues se celebraron 423 juicios, mientras que en 2015 fueron 451, lo que supone una reducción del 6,2 por ciento.
También se aprecia un incremento en materia de recursos, “contrariamente a lo que ocurre en otras fiscalías”, interponiéndose por parte de la de Málaga 196 recursos contra las sentencias dictadas por los juzgados de lo Penal y once contra las de la Audiencia Provincial.
En cuanto a los delitos, la memoria señala a un “importante incremento” de los delitos de homicidio, “sin duda los más graves”. Así, el número de procedimientos penales por delitos de asesinato es de 61 frente a los siete de 2015 y las diligencias previas incoadas por homicidio doloso fueron 83, frente a las 55 del año anterior. A esto, hay que añadir los cometidos por imprudencia, que fueron 14.
Unidades de investigación
En la memoria de la Fiscalía de Málaga, elaborada por el fiscal jefe, Juan Carlos López Caballero, se destaca que el incremento en su actividad “se ha conseguido gracias al esfuerzo profesional de los fiscales y no puede encubrir el hecho de que la carga de trabajo que se soporta es muy importante”, por lo que se insiste en que hay una situación “deficitaria” de la plantilla, siendo especialmente llamativa en las secciones territoriales.
“De insostenible” se define en la memoria la situación de la Fiscalía en orden al personal auxiliar, “pues su escasa dotación impide atender de forma adecuada los cometidos propios de la misma y de sus secciones especializadas”.
Asimismo se insiste en que la investigación de ciertas formas de delincuencia, “especialmente complejas”, que suelen darse en esta provincia “exige contar con el apoyo de equipos de investigación adscritos a la Fiscalía e integrados por funcionarios de otras administraciones y de la policía judicial”.
Dichas unidades –se indica– atenderían al fiscal tanto en las investigaciones preliminares que pueda llevar a cabo en supuestos de delincuencia organizada, blanqueo de capitales y casos de corrupción, como durante la celebración del juicio oral, así como en la cumplimentación de las solicitudes de auxilio penal internacional que se reciban en la Fiscalía”.
Asimismo, se refiere a la anunciada reforma del proceso penal, conforme a la que la investigación del delito se atribuiría al ministerio fiscal, lo que “hace que reiteremos la necesidad de la implantación de la nueva oficina fiscal, suficientemente dotada, tanto en medios personales como materiales, único modo de afrontar con ciertas garantías el nuevo reto que se avecina”. También se incide en la importancia del aspecto tecnológico “en orden al cumplimiento de las exigencias legales derivadas del papel cero”.
