El fiscal de Medio Ambiente de la Audiencia de Málaga, Fernando Benítez, durante sus declaraciones a Europa Press. FOTO/ EP
La Fiscalía de Málaga ha detectado un descenso del número de delitos urbanísticos cometidos por responsables públicos, debido a que éstos toman “muchas más precauciones que antes”, según ha asegurado el fiscal delegado del área de Medio Ambiente, Fernando Benítez.
Benítez ha indicado que, aunque aún no hay datos concretos del último año, observa que los delitos contra la ordenación del territorio “se mantienen mas o menos estables” en lo que se refiere a construcciones ilegales, mientras que “sí han disminuido” los casos nuevos por urbanismo contra autoridades o funcionarios.
En declaraciones a Europa Press, el fiscal delegado de este área ha asegurado que en el descenso de los delitos de prevaricación urbanística ha influido la actuación de la Fiscalía, de los juzgados y las condenas, que “han actuado consiguiendo que el fin que se pretende con la norma, que es la prevención especial, se cumpla”.
“Hay muchas más precauciones, los políticos se asesoran mejor y tienen mas cuidado en cuanto a dictar resoluciones relacionadas con urbanismo, como concesión de licencias o firma de convenios”, ha manifestado el representante del ministerio público en Málaga en esta especialidad.
Además, ha señalado que las nuevas corporaciones municipales “han venido con otra idea de lo que es la cooperación entre instituciones”. En general, ha dicho, “los ayuntamientos colaboran, salvo puntualmente algunos”, añadiendo que “la cooperación en cuanto a la obligación de informar de los procedimientos es la adecuada”, poniendo como ejemplo la capital.
En resumen, en cuando a este tipo de delitos, Benítez ha indicado que “la inercia de años anteriores comenzó a romperse y se está viendo ahora”, al tiempo que ha recordado que los juicios contra responsables públicos que ha habido este año “son
todos por hechos antiguos y se han iniciado menos investigaciones en ese sentido”.
En lo que se refiere a las demoliciones de construcciones consideradas ilegales en sentencias, el delegado de la Fiscalía de Medio Ambiente ha considerado que “sigue siendo el caballo de batalla”, ya que “no se consiguen tantas como se debiera”.
Ha indicado que lo cierto es que “por ejemplo en Málaga y en otros ayuntamientos de cierta entidad se está tramitando la reforma del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para la incorporación de los hábitat rurales diseminados, lo que provoca que muchas de las sentencias en las que se ha acordado la demolición estén a la espera de que esos procedimientos concluyan para ejecutarse por ciertas expectativas de legalización”.
La reforma de la normativa andaluza para regularizar viviendas irregulares, que en la provincia repercutirá sobre todo en la Axarquía, no tendrá reflejo en los datos de procedimientos, juicios o sentencias por delitos contra la ordenación del territorio, ha asegurado, “pero sí puede tenerlo en las demoliciones”.
Por el momento, ha señalado que no le consta en la comarca axárquica “que ningún ayuntamiento haya terminado su procedimiento de modificación del PGOU para incorporación de los hábitat rurales diseminados”, aunque ha apuntado que “algunos lo tienen avanzado, como Alcaucín”.
Hasta ahora, en lo que va de año, la Fiscalía tiene contabilizadas provisionalmente 13 demoliciones, de las que tres fueron subsidiarias, es decir, llevadas a cabo por los ayuntamientos sin contar con la colaboración del condenado; y el resto fueron voluntarias.
