El secretario general de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad Urbana de la Junta, Rafael Márquez (centro), flanqueado por la delegada de Urbanismo de Marbella, Kika Caracuel, y el asesor de la delegación José María Morente, arquitecto, este miércoles en una jornada organizada por la SER. FOTO/ cuenta de Twitter de @Kikacaracuel
El secretario general de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad Urbana de la Junta, Rafael Márquez, ha señalado este miércoles que devolver la seguridad jurídica al urbanismo de Marbella es “un elemento que tiene que unir a todas las Administraciones que estamos implicadas en el asunto”.
Márquez, que ha participado en Marbella en una jornada sobre el PGOU del municipio, impulsada por la emisora local de la Cadena SER, ha calificado de “fundamental” que el planeamiento de la ciudad cuente con esa seguridad jurídica “en un momento de recuperación económica y del elemento inmobiliario que estamos viviendo”.
“El dotar de seguridad jurídica a uno de los focos más importantes que tenemos en Andalucía y en todo el país es un elemento trascendental”, ha agregado.
Márquez ha destacado la labor que realizó el anterior equipo de gobierno local en coordinación con la Junta para hacer “los ajustes” en el PGOU de 1986, que entró en vigor después de que el Tribunal Supremo anulara el de 2010, con los que garantizar la seguridad jurídica del urbanismo e iniciar la tramitación para aprobar el Texto Refundido del Planeamiento y de la adaptación parcial del propio Plan a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), de rango autonómico.
“Con ambas medidas, garantizamos la seguridad jurídica y que se puedan desarrollar modificaciones que ajustaran la planificación a la realidad y oportunidades de futuro de la ciudad”, ha indicado.
Márquez ha calificado de “complicada pero necesaria y posible” la adaptación de la realidad urbanística del municipio al plan de 1986. “El PGOU de 1986, si lo analizamos respecto a lo que ha ocurrido en los últimos años, tiene poco que ver. Dicho PGOU sufrió modificaciones y de ahí la importancia de que el texto refundido aclare qué decía ese plan y cuáles son las modificaciones vigentes y saber cuál es el marco actual. También requiere hacer algún tipo de actualizaciones de cara al futuro para que esa realidad pueda adaptarse”, ha explicado.
Por su parte, la concejal de Ordenación del Territorio, María Francisca Caracuel, ha calificado de “arduo” el trabajo para adaptar las normas urbanísticas del PGOU de 1986 a la “realidad social, económica y urbanística de 2017” y para lo cual “hemos adoptado como modelo las normas urbanísticas del 2010, mucho más adaptadas a esa realidad”.
La edil, que también ha participado en el foro, ha indicado que se han presentado 181 alegaciones en la fase de exposición pública de la adaptación de las normas urbanísticas, de las que más del 50 por ciento se han estimado. “El documento resultante es muy completo y responde ya a la realidad de Marbella en 2017”, ha señalado, indicando que el expediente se elevará a la Delegación de Medio Ambiente de la Junta para que ésta presente un informe preceptivo y que ha mostrado su confianza en que las normas urbanísticas se aprueben de forma definitiva en enero o febrero.
Caracuel ha señalado que la adaptación del PGOU de 1986 a la LOUA, de las normas urbanísticas y el texto refundido permitirán “trabajar con toda la normalidad que podamos”.
