El Consejo de Gobierno de Andalucía lleva este martes entre sus puntos una propuesta de acuerdo instando actuaciones para la reclamación de la responsabilidad civil ‘ex delicto’ derivada de la sentencia 540/2019 de 19 de noviembre de la Audiencia Provincial de Sevilla, la conocida como pieza política de los ERE –en la que a los expresidentes Manuel Chaves y Juan Antonio Griñán se les ha condenado al primero a nueve años de inhabilitación especial y al segundo a seis años y dos días de cárcel y 15 años y dos días de inhabilitación–, para intentar recuperar el dinero defraudado en el caso.
En la sentencia, el juez Juan Antonio Calle Peña cifra en 680 millones de euros el montante global de los créditos presupuestarios de los programas 22E y luego 31L, para atender las ayudas, mediante “el mecanismo inadecuado” de las transferencias de financiación, desde la Consejería de Empleo a la Agencia IDEA, sumando las cantidades consignadas originariamente y los incrementos derivados de modificaciones presupuestarias.
Por otro lado, en el orden del día del Consejo, consultado por Europa Press, se lleva también propuestas de acuerdo por las que se toma conocimiento del inicio del procedimiento de elaboración del Plan
Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local para el periodo 2020-2023.
Se insta a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior a aprobar y desarrollar un programa de actuaciones en conmemoración del 40º aniversario de la ratificación mediante referéndum el 28 de febrero de 1980 de la iniciativa autonómica, así como a crear un Comité de
Preparación del citado programa; y se aprueba la formulación del Plan Estratégico de los Recursos Humanos de la Administración General de la Junta de Andalucía 2020-2030.
Se incluye por otro lado la aprobación del anteproyecto de ley de concesión de un crédito extraordinario para sufragar las subvenciones a adjudicar a las formaciones políticas por los gastos electorales causados por las elecciones al Parlamento de Andalucía celebradas el 2 de diciembre de 2018.
Asimismo, se contemplan propuestas de acuerdo para la toma de conocimiento de la convocatoria de ayudas destinadas a la paralización temporal de la flota con puerto base en Andalucía de las modalidades de cerco y de arrastre de fondo que faena en el caladero nacional del golfo de Cádiz; de la convocatoria de ayudas sociales a personas con hemofilia y otras coagulopatías congénitas que hayan desarrollado la hepatitis C (VHC).
Todo ello como consecuencia de transfusiones o tratamientos con concentrados de factores de coagulación en el ámbito del sistema sanitario público de la comunidad autónoma de Andalucía; autorizar el expediente de gasto derivado de la contratación, por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, de 301 plazas de acogimiento residencial en la
provincia de Málaga para menores que se encuentren bajo la protección de la Junta por importe de 20,4 millones; y autorizar a la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía para la resolución del contrato de obra ‘Infraestructura y superestructura de vía de la conexión de la línea 1 del metro de Sevilla con Alcalá de Guadaíra. Tramo I. Subtramo 1: Universidad Pablo de Olavide-Parque Tecnológico’.
El orden del día también lleva una Declaración Institucional con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y propuestas de acuerdo para darse por enterados de la declaración de emergencia de las actuaciones para la reconstrucción de diversas infraestructuras hidráulicas en las provincias de Almería y Málaga afectadas por las lluvias torrenciales de septiembre de 2019; y para autorizar la disolución y apertura de liquidación de las sociedades Tecno Bahía S.L.U. y 01Innova24H S.L.U.
Por último, en el capítulo de informes, se incluyen dos de la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, sobre la puesta en marcha de la campaña institucional de la Junta de Andalucía ‘Cierra el grifo. No tenemos agua que perder’ y sobre el proyecto piloto para el cálculo de la huella de carbono de la Consejería; y un informe de la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, sobre la implantación del sistema de
información ‘Cohessiona’ que desarrolla la Historia Social única electrónica de Andalucía.