El vicepresidente de la Junta, Juan Marín (Cs), interviene en la rueda de prensa de este martes junto al consejero de Presidencia y portavoz, Elías Bendodo. FOTO/ CABANILLAS
El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha anunciado este martes que el Consejo de Gobierno ha iniciado los trámites para aprobar una ley que permita la creación de una Oficina contra el Fraude y la Corrupción en Andalucía, a la par que ha cifrado en unos 5.000 millones de euros el dinero público que “está siendo investigado” en diferentes causas a cuenta de las “decisiones que adoptó el anterior Gobierno del PSOE-A”.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde ha comparecido junto al consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz, Elías Bendodo; Marín ha recordado que poner en marcha esta oficina es una medida que recoge el acuerdo de gobierno alcanzado entre el PP-A y Cs para esta legislatura y que busca “poner las herramientas necesarias para que lo que ha venido sucediendo desgraciadamente durante mucho tiempo se pueda evitar”.
Así, el Consejo de Gobierno ha instado Marín a iniciar las actuaciones necesarias para la aprobación de una ley de creación de la Oficina contra el Fraude y la Corrupción. La decisión de poner en marcha este órgano mediante una ley atiende al criterio de los servicios jurídicos de la Junta y del Consejo Consultivo que en la pasada legislatura, cuando el PSOE-A elevó un decreto para este mismo fin, pidió al Ejecutivo que “pusiera en marcha una ley de acompañamiento”.
Se elaborará una ley al objeto de que las responsabilidades sean asumidas por funcionarios públicos, así como estará adscrita al departamento que capitanea Juan Marín, que confía en que esté en marcha “en el menor tiempo posible”.
Respecto al decreto que elaboró el PSOE-A en la pasada legislatura, el vicepresidente ha explicado que servirá “de base” para la confección del nuevo proyecto de ley y que, por tanto, no fue “un trabajo inservible” a pesar de que a lo largo de la legislatura “desapareció la voluntad del Gobierno socialista de ponerlo en marcha”.
El fin principal de este órgano, cuyos primeros pasos para su puesta en marcha comienzan este martes, es “prevenir, detectar y denunciar las malas prácticas, abusos de poder y casos de fraude y corrupción” en Andalucía, toda vez que, según los datos que ha expuesto Juan Marín, “el dinero público andaluz que está siendo investigado en estos momentos podría alcanzar casi los 5.000 millones de euros en causas judiciales como los ERE, Invercaria, el caso Nevada, Marisma o Bahía Competitiva”, una cantidad que sería “la mitad del presupuesto de la Junta para salud en un año”.
“Es importante que todas estas cuestiones dejen de formar parte de los titulares de prensa y, sobre todo, de las comparecencia en los juzgados de Andalucía, especialmente por políticos que han tenido responsabilidad de gobierno”, ha agregado el vicepresidente, mientras han precisado desde la Junta que “se estima que los imputados por corrupción por causas abiertas que afectan a fondos gestionados por la Administración andaluza en los últimos años alcanzan el medio millar”, mientras que los estudios sociológicos subrayan que la corrupción es uno de los problemas que más preocupan a los andaluces.
A esta oficina se le atribuirán, entre otras funciones, la posibilidad de sancionar a las personas que desempeñen altos cargos que incumplan la normativa sobre incompatibilidades o la del control de la legalidad de todas las subvenciones concedidas por la Administración y por las entidades instrumentales de la Administración de la Junta. Otras comunidades autónomas como Galicia, Islas Baleares, Valencia o Cataluña ya cuentan con organismos contra el fraude y la corrupción.
Andalucía tiene la competencia exclusiva (según consta en el artículo 47.1 de su Estatuto de Autonomía) para la regulación del procedimiento administrativo derivado de las especialidades de la organización propia de la comunidad autónoma, la estructura y regulación de los órganos administrativos públicos de Andalucía y sus organismos autónomos. Al mismo tiempo, reconoce también como competencia exclusiva (apartado 1.3a del mencionado artículo) las potestades de control, inspección y sanción en los ámbitos materiales de competencia de la comunidad autónoma, en lo no afectado por el artículo 149.1.18a de la Constitución.
Indemnizaciones a afrontar por PP y Cs
Entretanto, preguntado por sus declaraciones sobre las demandas firmes que el nuevo Ejecutivo de PP y Cs tendrá que afrontar “y que podrían superar los 700 y hasta 800 millones de euros”, Marín ha dicho que esta es una cifra aproximada atendiendo a lo que dicen determinados informes de sentencias como la de caso Nevada, las Aletas o Delphi que “llevarán acompasadas unas indemnizaciones que podrán superar los 500 millones”.
Por esto ha justificado que están haciendo auditorías en la administración, para conocer la situación de la misma. “Primero vamos a conocer el resultado de las auditorias en 45 días, entonces se darán a conocer para que los andaluces sepan cuánto le van a costar las decisiones del anterior Gobierno del PSOE-A”, ha explicado para apuntar que son cálculos “aproximativos”.
“Ojalá me quede corto en lo anunciado porque esto lo pagarán los andaluces no el anterior ejecutivo”, ha sostenido Juan Marín, que ha precisado que las auditorías buscan “mejorar la eficacia de los recursos públicos y eliminar duplicidades y que suponga un ahorro para los ciudadanos”.
