Imagen de la residencia Tiempo Libre de Marbella. FOTO/ Junta de Andalucía
La Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía va a llevar a los tribunales a los sindicatos UGT y Comisiones Obreras por la presunta malversación de 7,4 millones de euros, en relación con la gestión irregular de plazas en la Residencia Tiempo Libre de Marbella, así como en otros centros de esta red en la comunidad autónoma. Todo ello tras destaparse el fraude en el centro marbellí, considerado el epicentro de las irregularidades. Estas anomalías contables se habrían producido entre los años 2003 y 2006.
Así lo ha anunciado la consejera del ramo, Rocío Blanco, tras la información adelantada este lunes por el diario Abc en su edición de Andalucía. La alto cargo de Ciudadanos ha defendido la “obligación” de las administraciones públicas de acudir a la Fiscalía ante “indicios” de que se haya cometido algún tipo de delito dentro de la función pública.
En declaraciones a los periodistas en Córdoba, recogidas por las agencias, la consejera se ha referido al caso adelantado por el periódico del grupo Vocento en el que informa de que el Gobierno de la Junta presidido por la socialista Susana Díaz dejó prescribir una deuda de 7,4 millones que los sindicatos CCOO y UGT mantenían con la administración regional.
La información del rotativo que dirige Álvaro Ybarra apunta que los sindicatos deben tal cantidad correspondiente a “los precios públicos cobrados a los usuarios por la adjudicación de plazas” en las Residencias de Tiempo Libre de Marbella entre los años 2003 y 2006 y “nunca ingresaron los fondos públicos, como estaban obligados”.
De esta manera, y ante los informes jurídicos de la administración, la Consejería de Empleo ha llevado a la Fiscalía el caso por si puede existir un delito de “supuesta malversación de los sindicatos al quedarse con dinero público cobrado”.
En este sentido, la consejera ha expuesto que era el “deber” de la administración “como función pública” de poner el caso en conocimiento de la Fiscalía y ha explicado que los servicios jurídicos de la Junta informaron “en noviembre de 2018” de “estos hechos”.
Blanco ha relatado que tras la llegada del nuevo Gobierno andaluz en enero de 2019 se solicitó otro informe jurídico en abril que se les remitió en mayo que pone de manifiesto que “hay una prescripción” sobre la posibilidad “de reclamar estos fondos tanto por la vía administrativa como por la vía civil”.
La consejera de Empleo de la Junta, Rocío Blanco, este lunes en Córdoba. FOTO/ EP
Dicho informe también explicaba que “solo queda la vía penal” para intentar recuperar los fondos presuntamente malversados y, por tanto, la Junta ha “cumplido” con su “obligación como gestores públicos” de “poner en conocimiento de la Fiscalía los hechos”.
Ha añadido que el objetivo de la administración debe ser “velar por los caudales públicos” y si la Fiscalía determina que puede haber “indicios de delitos” y “se sigue con la instrucción”, el caso estará “fuera de nuestra competencia”.
Además, Blanco ha señalado que la Junta no ha “investigado nada expresamente” sino que su obligación es la “gestión diaria de lo que encontramos”, de ahí que su “obligación” ha sido poner el caso “en comunicación de la Fiscalía”
