La consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, en imagen de archivo.

La consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha recordado este jueves al PP que “los ayuntamientos de Málaga le deben a la Junta 141 millones de euros, frente a los 27,4 millones de euros que el Gobierno andaluz debe a los consistorios”, afirmando, además, que al Ejecutivo regional “no se le ocurre declarar providencias de apremio para embargarles”.

Así ha respondido Montero tras una pregunta del grupo ‘popular’ en la Comisión de Hacienda y Administraciones, en relación con las medidas que va a llevar a cabo tras el embargo del edificio de Correos en Málaga, después de que el Patronato de Recaudación haya embargado parte de este inmueble a la Junta de Andalucía por la deuda de 8,76 millones que mantiene con 74 municipios y la Mancomunidad de la Costa del Sol Occidental.

De igual modo, la responsable de Hacienda ha recordado “la absoluta disposición” de la Junta a colaborar en la tarea “de subsanación y de esclarecimiento de la cuantificación de la deuda que tiene que abonar la Junta”.

Es más, ha incidido en que “se ha realizado un primer pago de 415.000 euros para que se manifieste nuestra voluntad de liquidar la deuda existente”, afirmando, además, que le ha “sorprendido” la postura que ha adoptado la Diputación.

Ha recordado, en este punto, que el ente supramunicipal, “a través del Patronato de Recaudación, nos presentó en junio una providencia de apremio por importe de nueve millones de euros, providencia que fue alegada por parte de la Junta por diferentes motivos”.

Así, entre los motivos ha citado, primero, “que la deuda no correspondía a la Junta, sino a otras administraciones públicas u organismos, incluso se incorporaban reclamaciones de particulares como la que deriva de las viviendas ya amortizadas del parque público de viviendas”; segundo que “se hacía reclamación de viviendas por IBI en bienes que no están sujetos a este impuesto”; y, tercero, que “había deudas prescritas, recibos no identificados correctamente y otros que habían sido abonados con anterioridad”. En total, ha dicho, la Junta considera que “había 2,5 millones de euros que no se correspondían con ninguna deuda” del Gobierno andaluz.

Por su parte, la parlamentaria ‘popular’ Patricia Navarro ha defendido la actuación y medidas adoptadas por parte de la Diputación Provincial de Málaga y ha recordado, además, que en concepto de la Patrica la Junta “le debe a los ayuntamientos de la provincia, por ley, más de 96 millones de euros”.

“A la administración se le presupone un deber de predicar con el ejemplo”, ha advertido, al tiempo que ha preguntado “qué ejemplo estamos dando a los cientos de andaluces a los que la administración le embarga a diario cuentas, nóminas e, incluso, la casa, si ante un impago reiterado como éste caso de una administración no se actúa”.

Ha reconocido, no obstante, que “ocurre no solo con la Junta, hay otras administraciones que les adeudan a los ayuntamientos”, pero le ha recordado que “también se les está reclamando”.

En este punto, le ha incidido en que “de todo lo que le adeuda las administraciones publicas a estos ayuntamientos, el 82 por ciento corresponde a la Junta de Andalucía”, ha dicho, señalando, además, que “hay recibos de más de 20 años”.

De igual modo, ha dicho que “es positivo” que “hayan demostrado voluntad de pago y que reconozcan la deuda”, pero “cuando se termine esto usted pagará y se levantará ese embargo del edificio que ha estado en el olvido en los últimos cinco años, igual que otros que tienen, mientras pagan cuantiosas cifras por alquileres de sedes de la administración”.

Por último, ha pedido, por tanto, a la Junta que “paguen; que lo hagan cuanto antes, no por la Diputación o los ayuntamientos, que lo hagan porque los malagueños no se merecen que su administración dé ejemplo haciendo este tipo de cosas”.

Ante ello, le ha reprochado a la parlamentaria ‘popular’ que esté “intentando justificar” el proceder de la Diputación, “yo no lo comparto”. “Los ayuntamientos y los propias diputaciones adeudan cantidades a la Junta”, ha recordado, afirmando, además, que “nosotros no embargamos bienes a los ayuntamientos”. “No optamos por esa fórmula que nos parece de deslealtad institucional y optamos por la formula del diálogo y de la comprensión”, ha sentenciado.

En este punto, ha recordado que la Junta “debe a los ayuntamientos de Málaga 27,4 millones de euros y lo que les debe los consistorios malagueños al Ejecutivo andaluz es 141 millones de euros”.

Por último, ha advertido de que “tenemos que tener cuidado con las noticias mediáticas y con intentar hacer exageraciones y sobreexposiciones porque de lo que se trata al hablar de recaudación y de embargo de bienes es que seamos ejemplares con ciudadanos”, al tiempo que ha añadido que “traer esto a esta comisión es desproporcionado”.