Imagen del puerto de La Bajadilla en Marbella. Foto/ Europa Press
La Consejería de Fomento y Vivienda, a través de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA), ha realizado el acto de reversión de la gestión del puerto de La Bajadilla que hasta la fecha estaba en manos de la sociedad Nas Marbella S.A. –del jeque Abdullah Bin Nasser Al Thani– ante la situación de “abandono y graves deficiencias” en la prestación de los servicios básicos para el mantenimiento y normal funcionamiento de estas instalaciones.
La gestión del puerto será asumida a partir de ahora de forma directa por la APPA, que ya está prestando los servicios necesarios para restablecer la normalidad en los trabajos relacionados con los servicios de vigilancia, limpieza, marinería y mantenimiento, según ha informado la Junta de Andalucía en un comunicado.
El Gobierno andaluz ha realizado diversas inspecciones sobre el estado del puerto en los últimas semanas después de recibir diversas quejas de los usuarios sobre las “graves deficiencias” en el mantenimiento y en la seguridad de las instalaciones.
En este sentido, la Junta ha puesto en marcha un plan de choque para actuar de manera inmediata “ante la suciedad y deterioro que presentaba el recinto ante la dejación de funciones de la sociedad concesionaria”.
Comunicación al TSJA
La toma de posesión del recinto portuario ha sido comunicada previamente al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, al que se ha trasladado la necesidad de asumir la gestión directa del puerto, como administración tutelante, “ante la evidente falta de prestación de servicios básicos por parte de Nas Marbella S.A, especialmente en materia de limpieza y vigilancia con el consiguiente riesgo para las salud y la seguridad de las personas, embarcaciones e instalaciones”.
Esta comunicación al órgano jurisdicional viene motivado por el recurso contencioso-administrativo presentado por Nas Marbella S.A. contra la decisión adoptada por la Consejería de Fomento y Vivienda de rescindir el contrato de ampliación del puerto suscrito en 2011, por incumplimiento grave de obligaciones esenciales consistentes, por una parte, en el no inicio de las obra y, por otra, en la falta de pago del canon concesional.
El concesionario, han recordado desde la Junta, lleva más de cuatro años de retraso en la presentación del proyecto constructivo y no ha pagado el canon correspondiente a parte de 2015 y el año 2016, por importe de más de 1,4 millones de euros.
Con todas estas acciones, la Consejería tiene como objetivo prioritario dar cumplimiento a la legalidad y garantizar el adecuado funcionamiento del puerto a través de la prestación correcta de los servicios necesarios. Además y en última instancia, la Junta aspira a promover en el futuro, una vez se pronuncien los tribunales, la ampliación del puerto “como proyecto fundamental para potenciar el desarrollo turístico y económico y la creación de empleo en Marbella”.
