La consejera de Salud, Catalina García, en una imagen reciente de Canal Sur TV
La consejera de Salud y Consumo, Catalina García, ha anunciado que se retirará la obligatoriedad del uso de mascarillas en centros sanitarios asistenciales de la comunidad autónoma cuando se produzca una “franca” bajada de la incidencia de infecciones respiratorias agudas.
En declaraciones a Canal Sur TV, en la mañana de este martes, la titular de Salud ha indicado que se va a esperar a que la incidencia “tenga una franca bajada, porque la población no lo entendería de otra manera”.
La consejera ha hecho un llamamiento a la población para que se vacune contra la gripe, el Covid o la bronquiolitis, especialmente a las personas vulnerables con alguna enfermedad crónica, porque la vacuna es la mejor herramienta para evitar acabar ingresado en un hospital.
Incide García en que la comunidad lleva dos semanas con descenso en la incidencia de las infecciones respiratorias agudas, de manera que ahora se sitúa en 459 casos por cada 100.000 habitantes, si bien a finales de esta semana, se podrá determinar si se ha alcanzado el pico y se ha iniciado la bajada, pero ello no significará que los virus respiratorios no estén aquí.
La consejera ha insistido en recomendar la vacunación puesto que esos virus respiratorios nos van a seguir acompañando hasta finales febrero o principios de marzo.
Ya la pasada semana, la Junta dejó claro que “acataría” la decisión que ha tomado la ministra de Sanidad, Mónica García, de “una forma totalmente unilateral” sobre la obligatoriedad de la mascarilla en hospitales y centros de salud, pero añadiendo que estudiaría si esta “se ha saltado, de una manera intencionada, la legalidad del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (Cisns)”.
A este respecto, la consejera ha señalado que los servicios jurídicos de la Junta siguen estudiando ese escenario y la posibilidad de plantear un recurso, puesto que, ante todo, lo que tiene que hacer la ministra es “respetar” a un órgano donde siempre se habían tomado las decisiones “por consenso” de todas las comunidades autónomas.
