El exasesor de Urbanismo de Marbella, Juan Antonio Roca, en una de las sesiones del caso ‘Malaya’. FOTO// E.P
La Sala que ejecuta la sentencia del caso ‘Malaya’, contra la corrupción en Marbella, ha encargado a una empresa especializada la enanejación de bienes tanto muebles como inmuebles de once de los principales condenados en esta causa y que están entre los que deben pagar las responsabilidades económicas, fundamentalmente multas, más elevadas.
Así, a través de un auto, el Tribunal ha encargado esta tarea a la misma empresa que lleva la administración judicial de las sociedades vinculadas al principal condenado, Juan Antonio Roca, la cual coordina la venta de los bienes intervenidos a dicho penado a lo largo de este procedimiento, fundamentalmente a través de la página web habilitada especialmente para ello.
En concreto, la Sala acuerda que dicha empresa informe sobre los bienes que son ejecutables, los mecanismos y la conveniencia de crear un portal web “idéntico” a ese que ya funciona. A fecha de octubre pasado, la administración judicial de los bienes relacionados con Roca y sus sociedades había recaudado 33,1 millones de euros, la mayor parte a través de esa página.
La medida de ejecución de bienes se acuerda ahora respecto de condenados, como la exalcaldesa Marisol Yagüe, la exedil Isabel García Marcos; el abogado Juan Hoffman, que está fugado; el exprimer teniente de alcalde Pedro Román; varios testaferros y empresarios, como José Ávila Rojas, según consta en la resolución a la que tuvo acceso Europa Press.
Éxito de la web
La Sala defiende en su auto que el éxito del portal web que ya funciona “ha quedado acreditado” y la labor de la empresa que gestiona ese patrimonio. Fuentes judiciales han apuntado a Europa Press que dicha sociedad ya ha comenzado a trabajar en el encargo en cuanto a algunos de estos condenados, que acumulan responsabilidades pecuniarias millonarias, llegando algunos a cien millones de euros.
El encargo por parte del Tribunal se produce después de los dos escritos remitidos por la Fiscalía. En el primero, apuntaba a la necesidad de conocer más patrimonio de los condenados, lo que acordó la Sala, de forma que funcionarios de la Policía Nacional y de la Agencia Tributaria llevaron a cabo averiguaciones de bienes de otros procesados.
En el segundo escrito del fiscal, expresaba su preocupación por quedar pendiente de pago “la mayor parte de las responsabilidades pecuniarias impuestas” –tanto multas como responsabilidades civiles– y proponiendo la enajenación de bienes, de forma que se llevara a cabo “una venta ordenada” de dicho patrimonio, apuntando a que podría realizar a través de una web.
El Tribunal de Málaga y la Fiscalía siempre han querido garantizar que se realice el pago por parte de los acusados de las responsabilidades económicas impuestas en la sentencia, para lo cual se han llevado a cabo en este tiempo diversas gestiones.
