Imagen del banquillo de los acusados. FOTO/ EP
La Fiscalía Anticorrupción de Málaga ha mantenido este lunes la acusación para el exalcalde de Marbella Julián Muñoz, tres excargos municipales y una letrada en el caso de las supuestas irregularidades en los encargos del Ayuntamiento para servicios de asesoramiento, por valor de más de 400.000 euros; aunque ha rebajado la pena solicitada inicialmente para los procesados.
Estas supuestas irregularidades fueron detectadas en un informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas que analizaba las sociedades municipales de Marbella, entre ellas Control de Servicios Locales, a través de la que se hicieron estas contrataciones. De ahí, salió el caso ‘Minutas’, por el que cumple condena el letrado José María del Nido, y también esta pieza separada.
Así, en sus conclusiones definitivas, el ministerio fiscal acusa a Muñoz y a los excargos municipales por los delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales, bajando la petición de pena de ocho a seis años de prisión, al considerar de aplicación la circunstancia que atenúa la pena de dilaciones indebidas; además de inhabilitación para empleo o cargo público.
En el caso de la abogada, vinculada al despacho de Del Nido, se le acusa de malversación y falsedad documental, retirando el delito de prevaricación. Así, al haber reconocido los hechos al inicio del juicio y haber pagado ya la responsabilidad civil solicitada –algo más de 200.000 euros– se pide que se le aplique, además de la atenuante de dilaciones indebidas, la de reparación del daño.
Por esto, la petición de pena inicial, que era de nueve años de cárcel en total, se rebaja ahora a 13 meses y 15 días de cárcel e inhabilitación por la malversación de caudales y diez meses y 15 días de prisión y multa por la falsedad, ambos delitos con carácter continuado y que estarían en concurso medial, según considera la Fiscalía.
Asimismo, la Fiscalía Anticorrupción ha hecho constar en su relato de calificación que la abogada Laura Sánchez ha abonado ya la responsabilidad civil que le correspondía, por lo que le retira la exigencia de pago de la misma, aunque la mantiene para el resto de procesados. La acusación particular que representa al Ayuntamiento marbellí se ha adherido a estas modificaciones.
Por su parte, las defensas han mantenido su petición de absolución –salvo la de la letrada–; instando a que en caso de dictarse una sentencia condenatoria se atenúe la pena lo máximo por el tiempo transcurrido desde que se inició el procedimiento.
En el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción de Málaga, al que tuvo acceso Europa Press, se precisa que todos los informes de fiscalización sobre el Ayuntamiento aludían a “la insuficiencia de los controles económicos y financieros”, lo que “facilitó” que la gestión se trasladara a las sociedades municipales y se “eludieran los requisitos legales” para el uso de fondos públicos.
Según el fiscal, en relación con el pago de las minutas desde dicha sociedad “no existió control previo desde la Intervención”. “Durante este periodo, por expresa voluntad de los alcaldes Jesús Gil y Julián Muñoz y con el apoyo de los sucesivos concejales de Hacienda –los acusados Alberto García y Antonio Luque–, el pleno no tuvo información ni ejerció control alguno”, se indica.
En la sociedad Control de Servicios Locales, Muñoz y el acusado Modesto Perodia eran miembros del consejo de administración y estos, dice el ministerio público, “lejos de advertir las evidentes contravenciones de la normativa legal aplicable, consintieron y colaboraron conscientemente en el mantenimiento de esa anómala situación que causó el quebranto de fondos públicos”.
En marzo de 2000, la sociedad amplió su objeto social a la prestación de servicios de asesoramiento jurídico a otras mercantiles y al Ayuntamiento, para lo que la letrada colaboradora del despacho de Del Nido, acusada en esta causa, “firmó fraudulentamente un contrato de arrendamiento de servicios profesionales, como facilitador de los pagos que recibiría mensualmente”, dice el fiscal.
Según las conclusiones de la acusación, “no consta que la letrada realizara trabajo de asesoría jurídica alguno para la sociedad municipal durante la vigencia de dicho contrato ni con anterioridad”, sino que colaboró junto a Del Nido en relación con la fiscalización por parte del Tribunal de Cuentas, representando “intereses contrapuestos”.
En este caso, se emitieron facturas estandarizadas desde 2000 a 2003 por una cantidad total de 218.695 euros. Pero, según señala la acusación pública en su escrito, se realizaron otras contrataciones de la misma forma, en concreto de un bufete de abogados cuyo responsable ha fallecido, al igual que un economista también contratado, haciendo una cuantía de más de 420.000 euros.
Declaraciones
En su declaración en el juicio, el exalcalde insistió en la idea de que todo el control del Ayuntamiento marbellí lo tenía Jesús Gil, que “no firmaba ni el carné de identidad”, reiterando que él actuaba por mandato del exregidor. “Menos la pena de muerte mía, lo firmaba todo”, aseguró Muñoz, señalando que era “el tonto” y el que se había “comido el marrón”.
Muñoz incidió en que Gil le cogió para firmar, “daba igual un acta de defunción que un convenio de 700 millones de pisos”, y apuntó que en la sociedad municipal que gestionó dichos pagos a los asesores legales era el presidente, pero “nunca ejercí como tal ni controlé la sociedad, era un puesto político, como se dice ahora”.
La letrada acusada, por su parte, se mostró arrepentida de su actuación y reconoció los hechos, apuntando que ya ha restituido el dinero que recibió. Aseguró que ella no negoció su contrato con nadie del Ayuntamiento y que recibía indicaciones sobre qué tarea hacer de Del Nido, que declaró como testigo en el juicio, y señaló que él negoció esto con Gil.
Los demás acusados, que son Modesto Perodia, condenado también por el caso ‘Minutas’ y que era secretario de la sociedad municipal a través de la que se hacían los pagos; y los exediles de Hacienda Alberto García y Antonio Luque, coincidieron con Muñoz en destacar el control que tenía Gil en todo, incluido los pagos, apuntando que no hubieran firmado ni ordenado nada con reparo del interventor.
